PD: Publicada esta entrada, PP/C's han acordado denegar el grupo parlamentario de ERC/IU/Bildu. En este caso se cumplía la letra del Reglamento sin duda alguna, pero la finalidad declarada de los diputados de IU era irse después al Grupo Mixto, tras cobrar una subvención. Yo creo que, en efecto, se trataría de un fraude de ley: usar una norma para una finalidad completamente ajena a la que le es propia. Sé que no es la primera vez que se habría hecho con complacencia general, pero eso no es argumento jurídico (sí político). En todo caso, entiendo que debe prosperar el recurso que pueda formular Bildu, porque en su caso, a diferencia de IU, al no haber efectuado tales manifestaciones, no puede presumirse que no hayan decidido integrarse a todos los efectos en el Grupo parlamentario.
Los grupos parlamentarios son entidades organizativas necesarias para articular la actividad parlamentaria: la iniciativa, el control, el debate y la decisión. Es normal que la posibilidad de constituir grupos parlamentarios esté limitada y regulada, en la medida en que no son meras asociaciones de diputados, sino las "unidades" que se tienen en cuenta para los cupos de iniciativas y de tiempo de intervención instrumentales para la conformación de una voluntad nacional. Y esa limitación está hoy día regulada en el ya célebre (y hasta ahora discreto) artículo 23 del Reglamento del Congreso.
Contra lo que se suele leer, a mí me parece, primero, que el artículo 23 contiene una regulación bastante razonable de la cuestión en función de las características del Congreso de los Diputados, y, segundo, que la pretensión de las "confluencias" de Podemos en determinadas comunidades autónomas era acorde con el escenario al que quieren llegar (y en ese sentido no abusiva, ventajista o fraudulenta), pero no acorde con el escenario al que han llegado.
El sentido del artículo 23 es fundamentalmente éste: los diputados son representantes del electorado de la circunscripción por la que se presentan, pero en la medida en que están adscritos a un partido o fuerza política identificable por el electorado, habrán de intervenir en el Congreso en función de esa pertenencia. No por otra razón que por favorecer que en el Congreso de los Diputados el debate se produzca en términos de nación (o si se prefiere, de Estado), y no en términos de territorio. La premisa tiene una cara B que, ciertamente, falla clamorosamente: que el Senado es la Cámara de representación territorial, es decir, que es la sede en la que se dilucidan los conflictos territoriales. Digamos que en el Congreso se habría de discutir de política general, y en Senado, de política territorial. Lo primero se consigue y se refuerza con el artículo 23. Lo segundo es una quimera mientras no se reforme la Constitución.
En definitiva, el principio fundamental es que cada partido, como expresión de una facción (no territorial sino) política del país, si obtiene suficiente apoyo, tenga su grupo parlamentario, porque la voluntad política de la nación está compuesta más por proyectos políticos enfrentados que por intereses territoriales enfrentados (lo que debería ser materia del Senado). Pero este esquema se enturbia por las coaliciones electorales referidas sólo a una o alguna circunscripción (lamentablemente provincial). Respecto de ellas, Podemos tiene que reconocer que es lógico que aunque el proyecto de esa coalición no sea idéntico al suyo general, y tenga singularidades (porque A+B no es igual a A), es también su proyecto (pues de lo contrario no habría coalición). Cierto que este estado de cosas a quien perjudica es a las fuerzas políticas de un solo territorio que se alían con una fuerza a nivel nacional, y que por tanto desincentiva este tipo de coaliciones. Si no cambia el Reglamento, en las próximas elecciones Ahora en Comù debe saber que aliarse con Podemos significa compartir grupo parlamentario en el Congreso. Pero lo mismo le ocurre a UPN al decidir presentarse en coalición con el PP, y lo mismo les ocurriría al PSOE e IU, por ejemplo, si decidieran concurrir juntos en Extremadura para ganar el voto residual y ampliar su representación: en tal caso, PSOE nacional podría tener un grupo, IU nacional otro (si cumpliera los requisitos), pero no cabría un grupo formado por PSOE/IU - Extremadura.
No creo que la intención de Podemos fuese fraudulenta ni para el resto de grupos parlamentarios (manifestó estar dispuesto a renunciar al plus de financiación y turno de palabra), ni tampoco un fraude hacia los otros partidos de la confluencia (pues podían aspirar legítimamente a una interpretación flexible del Reglamento, como en tantas ocasiones ha avalado el Tribunal Constitucional para el que la capacidad de autoorganización del Parlamento como poder legislativo vale más que su propio Reglamento). Pero pasado ya, por fin, el tiempo de discusión sobre este aspecto, desde luego no irrelevante, pero sí más importante para el proyecto político de Podemos que para el conjunto del país, creo que la mejor estrategia de Podemos habría de ser insistir en la reforma del Senado como verdadera cámara de representación territorial en la que de manera eficaz pudiera visualizarse su concepción plurinacional de España.
Y ahora, a hacer política real. La que los ciudadanos estamos esperando. Por cierto: de todo lo sucedido hasta ahora, lo más relevante para mí no ha sido el número de grupos parlamentarios que se han formado, sino el hecho de que, por unas razones y otras, el PSOE ha preferido, pactando con C's y con PP, ostentar la Presidencia a evitar (como podía, renunciando a ésta) una mayoría absoluta en la Mesa entre PP y C's que no es reflejo de la mayoría de diputados de ambas fuerzas. Es seguro que esto va a determinar mucho más la vida parlamentaria de esta Legislatura, que el número y composición de los grupos parlamentarios. Al tiempo me remito.
Desde mi punto de vista,Miguel, creo que en la práctica los debates territoriales y sus correspondientes problemas se han tratado en ámbitos que no ha sido el Senado. Efectivamente se necesita un cambio profundo de esta cámara para darle un cierto sentido, si no, habría que plantearse su existencia.
Creo que como estrategia política el dar voz a las plataformas territoriales de PODEMOS no sólo es lícito sino interesante, pues sería llevar al debate de forma más clara el concepto plurinacional (algo que tendrá que ser aceptado más temprano que tarde, si se quiere dar futuro al proyecto de país).
Estoy plenamente de acuerdo contigo en que lo más relevante ocurrido hasta ahora ha sido el pacto por la presidencia. El PSOE se bate en la disyuntiva de negar oxígeno a PODEMOS (el sorpaso nunca ha estado tan cerca) y pactar con él (única salida de Pedro Sánchez). Casi la cuadratura del círculo.
Gracias por el comentario, Juan. Creo que la estrategia política de dar carta de naturaleza al carácter plurinacional de España es, en efecto, legítima, pero hoy por hoy no es ´"lícita". Es verdad que se han cometido históricamente otras ilicitudes en la aplicación del Reglamento, pero el artículo 23 es un escollo no sólo formal (como el número de diputados), sino de fondo (porque su finalidad es evitar que proyectos electoralmente compartidos formen grupos parlamentarios diferentes. Imagínate un grupo PP/UPN autónomo, sumado al del PP nacional… Otra cosa sería que los diputados de Podemos fueran a su grupo, y los de las confluencias (sin Podemos) hicieran otro.