Nosotros.

Un buen amigo se pregunta en un twitter si una generación tiene derecho a imponer a las venideras sus propios consensos. Y se responde que acaso sería conveniente someter las Constituciones a referendum cada cierto tiempo: por ejemplo, cada veinticinco años. 

Es una reflexión nueva (al menos para mí), que viene al pelo en un momento de deterioro del armazón constitucional. Los consensos territoriales, la monarquía, la dignidad democrática del diputado y del concejal, el papel de los partidos políticos, la resistencia de los derechos sociales en un contexto de economías abiertas e indefensas, la efectiva división de poderes, el estatuto básico del ciudadano, están degradados. Hay en nuestro sistema política restos que sólo se explican por el necesario énfasis característico de la necesidad de superar una dictadura. Ahora, sin embargo, la autocracia no se percibe como un pasado a superar, sino como un futuro a evitar: una amenaza que viene de la mano de populismos y pobreza. Se diría que estamos en una situación propicia para impulsar otro momento constitucional de la sociedad española. Demasiados jóvenes ven en el Parlamento poco más que una parafernalia costosa que no produce resultados diferentes de los que generarían por sí solos los mercados internacionales. La dignidad de un país, que en los momentos lúcidos se concreta en valores morales públicos (solidaridad, igualdad, tolerancia, pluralismo, responsabilidad), no se percibe en las leyes, sino que está perdida en medio de decretos y manifestaciones tan ruidosas como romas. Los partidos políticos apenas son algo más que emblemas, logotipos e imágenes alrededor de burocracias que administran cuotas de poder sin apenas competencia. La participación política es una quimera que no es capaz de organizar ninguna iniciativa de brazos abiertos. Un partido político ha sido creado que se ha llamado a sí mismo "Partido X", cuya única seña de identidad es no querer ser un partido político. Los medios de comunicación están en su mayoría secuestrados por intereses empresariales disimulados, cuando no se han convertido en un simple medio de fabricar productos de consumo (ideológico) inmediato. Los intelectuales, algunos, claman en el desierto. Ni siquiera tenemos claro el concepto de soberanía, absolutamente clave en democracia. 

La situación es propicia para una reflexión sobre nosotros mismos, es decir, un nuevo consenso que consiga que los ciudadanos se sientan identificados  con su Constitución, que no es sino la conjugación en primera persona del plural: "nosotros". 

Pero hay un problema: ¿tenemos políticos de categoría como para promover las mejores pulsiones de la sociedad? ¿No asumiríamos el riesgo de hacer una Constitución peor que la que tenemos?

Mientras tanto, tiene sentido propugnar reformas subconstitucionales que tengan sentido en sí mismas. Desamortizar el excesivo poder de los partidos (democratización interna, listas abiertas, mecanismos de democracia directa, municipalismo, eliminación de los nombramientos distribuidos por cuotas), avanzar en una legislación electoral más representativa, acometer una reforma de la Administración que implique un efectivo sistema de control interno y externo de la corrupción, repensar un concepto convincente de España capaz de renunciar de una vez a su identificación con la nación castellana, y blindar los más fundamentales derechos sociales frente a los avatares de la escasez, ¿no serían objetivos políticos capaces de pronunciar la palabra "nosotros, los españoles"?