Justicia tasada, justicia desigual.

Es una ironía que Gallardón intente desautorizar las críticas a la Ley de tasas judiciales diciendo que provienen del corporativismo y de la gente que quiere volver al antiguo régimen. Es una ironía, o quizás un burdo argumento defensivo, porque cualquiera puede entender que el corporativismo judicial más bien pediría tasas (para trabajar menos) y el antiguo régimen, el vigente hasta los años ochenta, fue el de tasas judiciales.

Pero lo peor son sus explicaciones sobre las virtudes de las tasas. Si dijera que se trata de recaudar dinero, uno podría pensar lo de siempre: que la cosa está tan mal, que hay que sacar dinero de debajo de las piedras (quiero decir: de debajo de los derechos). Pero no dice eso. Dice que exige tasas para disuadir a la gente de utilizar la Justicia en vano.

¿A quién va a disuadir? Desde luego, como las tasas son fijas y no variables en función de la capacidad económica, va a disuadir más a quien menos tenga: a la familia que gane 1.300 € al mes le va a costar diez veces más cara una demanda o un recurso que a quien gane 13.000 € al mes. Unos no litigarán por si acaso pierden, otros litigarán por si acaso ganan. Las tasas son discriminatorias porque gravan de manera desigual a los ciudadanos, y suponen un grave deterioro de otro derecho que hasta ahora estaba escondido para no ser herido: el derecho a pedir tutela a un juez independiente, profesional, preestablecido por la Ley, y sólo sujeto al principio de legalidad. Las tasas, tal y como se han diseñado en una de las peores leyes que se han aprobado en España en los últimos cuarenta años, disuaden, claro que sí. Pero no al que tiene menos razón, sino al que tiene menos dinero. Por eso son injustas y, probablemente, inconstitucionales. Un paso más hacia una sociedad dividida, injusta y excluyente, de ganadores y perdedores. Suma y sigue en ese camino de reformas que, desde luego, se parece al que habría pensado nuestro enemigo.

Si lo que se quiere es evitar los abusos, hay otros medios más justos. Se pueden establecer controles iniciales sobre la seriedad de la pretensión, o se puede facultar al juez para que imponga multas por actitudes procesales abusivas. Lo que no puede hacerse es poner precio a todo el mundo por si acaso algunos acuden al consultorio judicial por vicio.

Nos va quedando cada vez menos. Cualquier día van a tasarnos también el derecho de voto. Las razones no serían muy diferentes: al fin y al cabo, las elecciones son muy caras, hay que costearlas, Zapatero dejó muy mal las arcas públicas, y mucha gente que no debería votar y abusa de su derecho...

Ay.