Si Gallardón ha invocado la existencia presiones 'estructurales' (económicas, familiares, laborales) sobre la mujer embarazada que la inducen a abortar, como un argumento para justificar medidas de fomento de la maternidad y de protección social y laboral de la mujer embarazada, bienvenidas sean esas palabras, aunque hayan incurrido en algún exceso verbal: la maternidad es un bien moral, el nacimiento del concebido es un bien moral, y la acción positiva del Estado a favor de prestigiar y fortalecer la decisión de tener un hijo es una respuesta inteligente, ética y justa al problema de la protección de la vida humana en la fase previa al nacimiento.
En cambio si lo que ha querido es dar un argumento con el que justificar la condena penal de la mujer que decide abortar (hagamos que sea delito, para que la mujer pueda negarse a las presiones por miedo a la condena), entonces se trata de una retórica tan torpe como hipócrita y el ministro se merecería las críticas que ya está recibiendo, porque si alguien presiona a la mujer para abortar, a quien habría que condenar es a quien presiona, y no a la mujer. Lo contrario, evidentemente, es negar a la mujer un poder de decisión (condenándola si decide en un sentido) por considerarla incapaz de resistirse a presiones.
El tema es lo suficientemente importante y sensible como para que el ministro aclare sus palabras. En mi caso, de su explicación depende que mi respuesta sea un cerrado aplauso o una gran decepción seguida de un abucheo.
Bien, dejemos que se explique, desde luego en relación al aborto, utilizar la expresión "violencia de género estructural", no ha sido nada acertado, eso pensando bien y descartando que no haya una intención de mezclar cosas, en una especie de discurso confusional.
bss