Verdad policial y verdad judicial. A propósito de la entrevista a Eugenio Pino en “El Mundo”.

Eugenio Pino fue director operativo de la Policía Nacional durante el mandato del ministro Fernández Díaz. Esta semana ha sido entrevistado por el diario El Mundo. No ha hecho revelaciones especialmente interesantes, pero sí ha exhibido un determinado modo de concebir las investigaciones policiales y un cierto desprecio por los límites legales y procesales en el esclarecimiento de la verdad.

Si el estilo de Eugenio Pino es mayoritario en la Policía Nacional, tenemos un problema, porque inequívocamente postula la existencia de un "ámbito policial" de investigación completamente autónomo de la investigación judicial. No en el sentido del impulso inicial para la prevención de delitos, ni tampoco en el imprescindible trabajo de investigación previo y preparatorio de los atestados que luego se llevan al Juzgado; me refiero a un "método" de averiguación de la verdad que explícitamente usaría instrumentos que no pasarían el control judicial (y que por tanto no se someten al control de los Juzgados, sino que se quedan en informes internos), y que se desarrolla en paralelo a la instrucción judicial. Aún más: también nos hemos enterado por su entrevista de que la Policía decide (a instancias del Ejecutivo o por su propia decisión) investigar casos que ya están resueltos judicialmente con sentencia firme, por si los jueces, tan garantistas, se han equivocado: igual que los pacientes tienen derecho a una segunda opinión médica (dice), la verdad también podría tener una segunda oportunidad (por supuesto policial). Estamos hablando de una Policía que concibe el proceso judicial penal no como el verdadero y definitivo modo de investigar y resolver conductas delictivas, sino como un apéndice  eventual al que puede derivarse o no la información de que dispone, según razones de "oportunidad" (que pueden ser de carácter político).

Nuestro sistema, como el de todos los países que se toman en serio el Estado de derecho, parte de un principio que es necesario explicar, porque no se entiende a la primera: el de desconfianza frente a la "verdad policial". Cuando digo "desconfianza" no me estoy refiriendo al viejo reflejo frente a la policía de la dictadura franquista, conforme al cual se llegaba a presumir que las fuerzas de seguridad generaban mentiras a propósito para alcanzar objetivos políticos. No es eso. Se trata de comprender que, por mucho que se "confíe" subjetivamente en la honestidad y trabajo de los miembros de la policía, la información policial es un material bruto de menos calidad y valor que la información que resulta de un proceso judicial.

¿Por qué vale más una sentencia que las conclusiones de un atestado policial? Es importante reparar en esto, porque quizás en este punto, absolutamente crucial para una democracia avanzada, se está produciendo un peligroso proceso de degradación en la cultura política, de manera tal que buena parte de la ciudadanía acaba convencida de que la "verdadera verdad" es la de la policía, y que la verdad judicial es una componenda tarada por la carga de las garantías procesales puestas en manos de abogados truculentos y jueces que no se enteran de nada.

Una sentencia vale más que un atestado policial no por la mayor inteligencia del juez, ni por una suerte de maldad intrínseca del policía represor. La razón es otra, y es importante comprenderlo: vale más porque la sentencia ha "ganado un juicio", y el atestado no. Dicho de otro modo: la sentencia (condenatoria o absolutoria) sólo se emite después de que un juez o un tribunal haya presenciado un juicio en el que dos posturas han competido en igualdad de armas, de manera que el sospechoso o investigado haya tenido ocasión de dar su versión y convencer de la misma al juzgador. El atestado policial puede basarse en conjeturas, sospechas e incluso "prejuicios" (es decir, sesgos derivados de aspectos circunstanciales que "estadísticamente", es decir, en general, están relacionados con una determinada actividad delictiva). Así, por ejemplo, la raza, la vestimenta, el lugar de residencia, la profesión, los antecedentes, la opinión no contrastada de confidentes que otras veces han dado pistas correctas, etc.  El "prejuicio" opera a modo de aproximación estadística, según la percepción subjetiva de quien lo tiene. Lo normal será que en una mayoría de casos el prejuicio sea atinado: pero es evidente que esa aproximación estadística no es un método válido ni eficaz para conocer la verdad de un caso concreto. Esto está en el fundamento de nuestra sociedad, y se llama presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa, que permiten al señalado por un prejuicio convencer de que en el caso concreto la verdad es otra. El prejuicio puede provocar una investigación, pero para que se convierta en condena es preciso que se someta a una disciplina de conocimiento que lo convierta en convicción objetiva. Y esa disciplina de conocimiento es el juicio, es decir, la competencia argumentativa y probatoria entre dos partes (la acusación y la defensa) para convencer al juez.

Eugenio Pino cree que los jueces son demasiado garantistas, y sugiere que lo que no puede acreditarse por culpa de esas garantías, puede encontrar "otros caminos". Las garantías serían, pues, un "sustraendo" que restaría al minuendo de la verdad policial. Es decir, un estorbo que empequeñece la verdad judicial. "Pregúntenme a mí, que yo sé lo que pasó", parece decir. Aunque luego, cuando le preguntan, dice que "son impresiones personales".

Estamos discutiendo desde hace años si la instrucción la han de dirigir los jueces (como hasta ahora), o fiscales. Muchos se llevan las manos a la cabeza ante la segunda posibilidad, porque la fiscalía puede responder a órdenes jerárquicas. Lo malo es que acabe concluyéndose que la mejor instrucción es la que lleva a cabo la policía. Directamente, y sin tanta garantía ni tanta tontería... Ya verían los delincuentes cómo así no se escapaban por las rendijas, y cómo se acababa la impunidad en este país... ¡Ay!