Cuidado con el argumento de la desobediencia.

En el cruce de debates sobre la insumisión de las instituciones catalanas en el que estamos estos días con dedicación casi exclusiva, es fácil que en un momento dado surja el argumento de la desobediencia civil: cuando una ley injusta no puede cambiarse por los cauces normales, puede y quizás debe desobedecerse. Así, como Cataluña no encuentra respuesta a una reivindicación que por muchos (me incluyo) se considera justa, como es que puedan decidir democráticamente si quieren o no dejar de ser España, "no tienen más remedio" que optar por la vía de hecho y por tanto, invocar ante ellos el "principio de legalidad" es enrocarse en un búnker y encerrar toda la complejidad de la realidad en el ámbito estrecho de la ley.

Cuidado. En ese argumento hay algunas trampas, y conviene tenerlas presentes antes de entregarse al mismo.

Imaginemos que en España un grupo de notables políticos, alcaldes, militares, periodistas, financieros, empresarios, profesores, etc. han llegado a la conclusión de que el Estado de las autonomías que consagra la Constitución fue un error impuesto por el chantaje de los nacionalistas en un momento en que era necesario un amplio consenso, es injusto y supone graves inconvenientes para la competitividad, para la dirección de políticas ambiciosas, para el crecimiento económico y para la solidaridad entre los ciudadanos. Elaboran un discurso fuerte, y lo van presentando a los ciudadanos. Propugnan su supresión. Hacen mociones, presentan iniciativas, incluso pretenden en alguna ocasión una reforma constitucional en ese sentido. Pero comprueban que sus aspiraciones chocan con las importantes dificultades para reformar la Constitución, que en síntesis requieren un consenso muy generalizado entre todos los españoles, incluidos obviamente los catalanes, vascos, gallegos y andaluces. En ese contexto, y puesto que están convencidos (algún sondeo podrían esgrimir) de que una mayoría de españoles podría estar por la labor, reclaman la celebración inmediata de un referéndum sobre ese punto. El Gobierno, imaginemos que sostenido por grupos catalanes y vascos partidarios de más autonomía, no autoriza la celebración de ese referéndum, porque nada le obliga a autorizarlo. Se niega a convocarlo y remite a los procedimientos de reforma constitucional. Crece la presión, invocándose el argumento democrático, pero el caso es que la mayoría parlamentaria de ese momento toma la decisión política de impedir ese referéndum. Y el grupo de "notables" anti-autonomías llama a la desobediencia. Cuentan, incluso, con un importante sector del Ejército que se muestra proclive: no parece que se trate de pura ficción. Cuentan con el apoyo de grupos empresariales y financieros, con partidos emergentes, con poderosos medios de comunicación, y organizan grandes manifestaciones en toda España reclamando la supresión de las autonomías. Finalmente, se reúnen en cualquier lugar emblemático y llaman a la población a votar. Algunos presidentes de comunidades autónomas y muchos alcaldes secundan la propuesta, invocando su carácter democrático, y dictan decretos y órdenes de convocatoria del referéndum en sus territorios. El Gobierno logra la nulidad de esas convocatorias por resolución del Tribunal Constitucional, pero la votación se produce, de hecho, en no pocos lugares. Al día siguiente, tras el cómputo de las papeletas que efectivamente se hayan introducido en las urnas donde haya sido posible, la Junta de promotores del referéndum proclama la disolución de todos los parlamentos y gobiernos autonómicos y los sustituye por Delegados de esa Junta de promotores y Juntas vecinales elegidas en asambleas. La cosa va a más, el Gobierno intenta reprimir los actos de ejecución de esa "proclamación", y la Junta de promotores finalmente da un golpe de Estado y promueve la redacción de una nueva Constitución sin autonomías: en vez de comunidades autónomas, gobernadores civiles en cada provincia.

La desobediencia, claro que sí, abre caminos. Pero el territorio que inaugura no sólo sería utilizado para bondades universales, como suprimir la esclavitud, permitir el voto a la mujer o incrementar la ayuda al desarrollo. Es fundamental recordar que históricamente el principio de legalidad es un límite para el ejercicio del poder: las autoridades (presidentes, alcaldes, jueces, funcionarios) no pueden anteponer su moral o sus objetivos políticos a la ley que ha sido elaborada por los representantes designados en elecciones. Claro que sí, la ley no es necesariamente justa, y a veces blinda privilegios. Pero si queremos suprimir lo que consideramos injusto con la desobediencia, hemos de saber que entonces no hay defensas frente a quienes defienden "justicias" que nos horroricen. Los caudillos siempre creen que interpretan (y algunos que encarnan) lo justo y la voluntad popular (o "nacional"), y esgrimen esa justificación para derribar los obstáculos legales por la vía de hecho. Y sin las cercas del principio de legalidad, dentro de las cuales hay victorias y derrotas, frustraciones y logros, ganadores y víctimas (¿sí o no?), nos quedamos sólo con las voluntades. Y entonces, ya se sabe: gana el más fuerte, es decir, el que tiene más dinero, más armas o más medios para imponer su voluntad, por supuesto justa.

¿Es legítimo desobedecer una ley o un sistema injusto? Lo sea o no, nadie puede impedirla cuando hay ciudadanos y grupos decididos a hacer prevalecer su voluntad o su sentido de lo "bueno" frente a la ley. Pero bueno sería entender que el principio de obedicencia (sobre todo de las autoridades) a la ley no es un enojoso recurso del poder contra los débiles, sino (también) una garantía, un dique frente al poder (público y privado). Que las autoridades y el ejército mismo estén sujetos a la ley es una gran conquista histórica. Por lo que ensalzar la desobediencia y afear el respeto a la ley nos puede dejar en la intemperie. Por eso las sociedades avanzadas, absolutamente todas, están organizadas desde el principio de legalidad (democrática). No seamos ingenuos: no es porque en esas sociedades se piense que la ley es intrínsecamente buena y justa. Es porque la alternativa es un desastre. Cuando se rompe la baraja oficial aparecen las cartas en la manga.