¿Delito de rebelión?

Pocas querellas se han anunciado tanto como la que al parecer prepara la Fiscalía General del Estado contra Puigdemont y otros por los hechos ocurridos el viernes pasado. Según leo, se sabe ya que se va a presentar hoy lunes, se informa de que se incluirán cargos por un delito de rebelión, se dice que se interpondrá ante el Tribunal Supremo para quienes formen parte de la diputación permanente del Parlament y ante la Audiencia Nacional para el resto, y hasta se informa de a qué juez le tocará intruir la causa según el turno establecido.

Afamados juristas han calificado ya los hechos del viernes pasado como un delito de rebelión. He procurado estirar la duda para ver si habría alguna manera de defender esta opinión, pero no he encontrado ninguna. Media España sabe ya que el artículo 472 CP castiga como rebelión el alzarse pública y violentamente con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Lo de "alzarse" y lo de "públicamente" presentaría matices que serían merecedores de un estudio tranquilo, pero lo de "violentamente" tiene menos recorrido. Se trata de un añadido que se introdujo en el Código penal de 1985, es decir, después del golpe del 23-F. Por tanto, lo que dijera el TS con relación a aquel asunto (en concreto, que no era preciso el uso de la violencia para entender cometido el delito de rebelión) no tiene utilidad (aparte de que en aquel caso se aplicaba el Código penal militar, y se calificó como rebelión porque hubo empleo de armas). Algún contenido habrá que dar, pues, a la expresión "violentamente". Algo más que declarar públicamente la independencia debe haber. Se ha intentado encontrar alguna referencia en sentencias que afirmaron que para que haya violencia puede bastar con la amenaza del uso de la violencia. Es muy discutible (en Derecho penal amenazar no es lo mismo que llevar a cabo lo que se anuncia), pero aún partiendo de esa premisa, habrá que convenir que pedir expresamente a los seguidores que no empleen la violencia y se manifiesten pacíficamente es exactamente lo contrario de una amenaza de violencia. Si no es así, no acierto a imaginar un caso de declaración pública de independencia que no fuera "violenta", lo que conduciría a entender que la introducción del término "violentamente" no añade nada:  y es un principio interpretativo básico el de que no cabe presumir que el legislador escribe en vano.

No hay, pues, al menos de momento, ningún delito de rebelión. Es más, sigo pensando que de momento los únicos delitos posibles serían los de desobediencia, prevaricación (no, desde luego, de quienes en el parlamento votaron por la independencia, porque un voto parlamentario no es ni una resolución administrativa ni una decisión judicial, por lo que no puede ser calificado como prevaricación) y malversación. ¿Sedición?  Tampoco lo creo, salvo que con tumulto se intentara obstaculizar la actuación de las nuevas autoridades designadas por la vía del art. 155 CE, cosa a la que tampoco se ha llamado a la gente, al menos de momento.

También presenta dudas que, respecto de las personas aforadas, la querella se presente ante la sala segunda del Tribunal Supremo. El argumento utilizado, según comentaristas de prensa (algunos de ellos juristas) consiste en que la supuesta rebelión produciría efectos fuera de Cataluña, con lo que sería de aplicación la previsión del Estatut según la cual los aforados catalanes lo están ante el TS si el delito no lo cometen en Cataluña. Parece forzado. La competencia penal se establece en función de dónde se consuman los "hechos" integrantes del tipo, y el alzarse públicamente para declarar la independencia se ha producido dentro de Cataluña. El órgano de aforamiento creo que debería ser el TSJ de Cataluña, salvo que algo importante se me esté escapando.

Por último, algún otro jurista de prestigio aboga porque apenas se incoe el procedimiento penal se proceda a la inhabilitación de los investigados. La inhabilitación es algo más que el cese (que, salvo para los diputados integrantes de la comisión permanente del Parlament, ya se ha producido): incluye la imposibilidad de volver a acceder al cargo mientras dure esa medida de inhabilitación. Parece, pues, pretenderse, que no puedan presentarse como candidatos a las próximas elecciones. Pero tampoco es esto posible. Primero, porque no cabe una medida cautelar de inhabilitación. Los Jordis, por ejemplo, pueden presentarse como candidatos a la presidencia de la Generalitat, aunque estén en situación de prisión provisional. Segundo, porque conforme a la Ley Electoral vigente, para no poder concurrir como candidatos a unas elecciones tiene que existir una condena de inhabilitación por sentencia. No se exige que sea firme, pero al menos ha de existir una condena en sentencia. Y esto no va a producirse, porque no da tiempo para instruir y celebrar juicio antes de que concluya el plazo para presentar candidaturas.

Una vez más: la ley, mientras esté vigente, está por encima y a cubierto de las ansias, incluso de las ansias mayoritarias si fuese el caso. De independencia, claro; pero también de cárcel. ¿Se imaginan un derecho penal sin código penal, en el que las condenas se dictaran por votación popular? ¿Ven por qué la democracia requiere leyes (que no caen del cielo, sino de aprobación en parlamentos democráticos)?