Okupas, policía e inviolabilidad del domicilio.

¿Por qué las constituciones han acogido como uno de los derechos fundamentales indiscutibles el de la inviolabilidad del domicilio? ¿Es un elemento ornamental con el que se ha querido "describir" un estado de cosas ya consolidado, en el que los ciudadanos disfrutan de un núcleo de intimidad que todo el mundo respeta? ¿Es una norma que proviene de un mundo feliz en el que no había madrigueras desde las que se organizaban los delitos de terrorismo y similares? ¿Habrá llegado el momento en que debamos plantearnos si la "rigidez" de un derecho fundamental como este no nos está dejando indefensos, ahora que tenemos una policía normalizada al servicio de las buenas causas?

Aquí hay que poner un punto de cultura constitucional que creo que no sobra en momentos de "deconstitucionalización" del discurso político. Por "deconstitucionalización" me estoy refiriendo a un proceso de reduccionismo del valor mismo de la Constitución, esgrimida como arma de choque contra disidencias minoritarias e identificada con la "legalidad" que protege a una mayoría social de buena conducta y reputación: a la clase media que no se mete en líos. Y que por tanto deja sin derechos suficientemente garantizados a determinadas minorías frente a la mayoría social o frente al poder.

Cada proclamación de un derecho fundamental lleva consigo un recuerdo del pasado y una prevención para el futuro. Su utilidad práctica suele ser anecdótica y, por lo general, incómoda: cuando un profesor da una conferencia sobre el derecho de usufructo o sobre los avances de la trigonometría no aparece en escena, porque no es necesario, el derecho a la libertad de expresión. Cuando los navarros se concentran en no sé qué plaza para presenciar el chupinazo, nadie diría que están ejercitando su derecho de reunión, sino más bien su ansia de divertirse. Los derechos están reconocidos en la Constitución para cuando su ejercicio pueda doler: cuando detiene en la puerta a la policía que dice querer investigar un delito y le obliga a preguntar al Juez y luego darle cuenta; cuando se dice algo que molesta mucho a alguien; o cuando se convoca con determinación una manifestación con riesgo de derivar en tumulto al reivindicar algo con lo que no todo el mundo está de acuerdo.

Si el artículo 18.2 CE dice que "el domicilio es inviolable" y añade que "ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de delito flagrante", es porque se tiene experiencia histórica de abusos policiales con injustificada merma de la intimidad domiciliaria. Y, por tanto, ese artículo pretende preservar de manera rígida y segura al ciudadano esa intimidad frente a abusos en el futuro. Lo que quiso la constitución no fue poner las cosas difíciles a la policía para aparentar nada: quiso asegurar el domicilio frente a cualquier eventualidad de abuso policial, y para ello, obviamente, resultaba imprescindible que no sea la propia policía la que decida cuándo su intervención es o no legítima, sino un juez.

Albert Rivera ha propuesto que la ley dé facultades a la policía para entrar en viviendas okupadas sin necesidad de obtener autorización judicial, cuando tenga constancia evidente de que se ha producido una ocupación o usurpación del inmueble. No crean que todo el mundo se ha escandalizado de esta propuesta: en esta fase histórica de "desconstitucionalización", es incluso natural y comprensible que una mayoría social dé más importancia a la eficacia en un desalojo expeditivo de propiedades usurpadas que a la inviolabilidad del domicilio de minorías urbanas que practican la okupación con una cobertura ideológica de crítica a la propiedad privada. Es probable, sí, que sea una propuesta más, de entre tantas que los partidos ascendentes esgrimen, que no buscan cambiar las cosas sino conseguir votos: nada impedirá que usted premie esa propuesta con su voto, pero sí habrá obstáculos que harán imposible el cumplimiento de esa promesa, porque requeriría un cambio de la constitución por el procedimiento duro (es decir, mayoría de 2/3 de las dos Cámaras, disolución, elecciones, y aprobación de nuevo de 2/3 de ambas Cámaras, y referéndum). Es decir, Rivera estaría prometiendo dar lo que no tiene.

Esto es así porque el tribunal constitucional ya ha tenido ocasión en su conocida sentencia 341/1993, de 18 noviembre, de pronunciarse sobre qué condiciones imprescindibles tienen que concurrir para que se aprecie "delito flagrante" a fin de justificar una entrada policial no autorizada: por un lado, la "evidencia" de que se está cometiendo un delito (ésta podría darse en casos de okupación), y por otra parte la "urgencia" de la intervención, es decir, que de no practicarse la entrada en el momento exacto en que la policía adquiere la evidencia del delito, se frustraría su finalidad. Y parece indiscutible que, tratándose la okupación de un delito que se caracteriza por su permanencia en el tiempo, bien puede la policía esperar, para entrar, a que el Juez de guardia se pronuncie. ¿Por qué un Juez? Hombre, pues porque el Juez no forma parte de la policía, y por tanto se está sometiendo a la policía a un control externo, que es de lo que se trata.

No me basta, sin embargo, con la convicción de que la propuesta de Rivera, tal y como la formuló, es inconstitucional. Hay reivindicaciones inconstitucionales que pueden merecer simpatía e ir provocando cambios o movimientos de opinión. Pero en este caso, además de inconstitucional, la propuesta me parece indeseable. Y no se trata de proteger al okupa frente al propietario: se trata de que las garantías frente al poder (y la policía, obviamente, es una expresión del poder) han de plantearse pensando en escenarios desfavorables. Cuando usted esté valorando cuánto poder quiere dar a la policía no piense sólo en el mejor policía al servicio de un gobierno que le guste. Piense también en un mal policía al servicio del gobierno que más pueda detestar. Porque las garantías nos las damos para que sirvan en escenarios difíciles.