“¿Quién dará el primer paso atrás?” A propósito de la denegación del permiso a Jordi Sánchez.

1.- La provocación.

Sí, yo creo que la designación de Jordi Sánchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat era un desafío. Sí, yo creo que esa candidatura abundaba en el bloqueo político, y que perseguía entre otras cosas poner al Juez instructor del Tribunal Supremo ante una situación difícil y exacerbar el conflicto entre Parlamento catalán y Tribunal Supremo. Sí, yo creo que sería mejor que las fuerzas independentistas catalanas se dieran cuenta de que es tiempo de rectificación, y no de reiteración o insistencia en un empeño inconstitucional. Sí, yo creo que Sánchez no podría desempeñar con normalidad su cargo de Presidente de la Generalitat porque aunque le dejaran salir para la investidura no podría luego ejercer su cargo de President, puesto que con los autos precedentes ya se había marcado la línea de que mientras no haya juicio y sentencia no podrá haber libertad provisional, y una Generalitat no se puede presidir desde la cárcel. Sí, yo creo que las fuerzas independentistas harían bien dando un paso atrás y eligiendo (como hicieron al elegir al presidente de la mesa del Parlament) a un candidato libre de causas penales: ese sería un buen paso a favor de la normalización.

Pero esto son opiniones políticas mías. Lo cierto es que la mayoría de diputados de un órgano constitucional como es el Parlament de Cataluña recién constituido tras elecciones legales, han tomado una decisión legalmente posible: Sánchez, según ley, no está inhabilitado para ser presidente (al menos mientras no haya auto de procesamiento por rebelión, o sentencia condenatoria por otros delitos que comporten inhabilitación), luego el Parlament puede proponerlo. Tiene (¡el Parlamento!) derecho a ello. Es su competencia (exclusiva), y no había impedimento legal ni constitucional. El marco constitucional vigente ha cuidado de evitar que las decisiones de un Juez, mientras no haya un juicio con todas las posibilidades de defensa y una sentencia, no pueda interferir en las decisiones parlamentarias para elección de un presidente por la misma razón por la que impide que un parlamento interfiera sobre las decisiones atribuidas a un juez.

2.- La llave de la cárcel.

El caso es que Sánchez está preso, y la llave de la cárcel la tiene un juez. Está preso porque el juez competente ha apreciado indicios de que Sánchez pudo cometer delitos de sedición y rebelión (no voy ahora a discutir ese criterio) y cree que de seguir en libertad mientras se le enjuicia comporta riesgo de que persista en su supuesto designio delictivo. Para que Sánchez asistiera a la sesión de investidura, había que solicitar autorización al Juez. El Juez tenía que tomar una decisión que obviamente no podría ser política: la única llave que tiene el juez es la de dejar salir o no para la sesión de investidura a quien el parlamento ha propuesto, y simplemente tenía que valorar si las razones excepcionales por las que Sánchez está privado de libertad sin haber sido aún enjuiciado, impiden o no la concesión de un permiso imprescindible para que Sánchez pueda someterse a una votación parlamentaria de investidura. Esas razones, según explicó el Juez en su auto de prisión, se reducían a que si permaneciese en libertad podría persistir en su conducta delictiva; esa es una de las tres causas que pueden justificar la prisión provisional antes del juicio (las otras dos son el riesgo de fuga y el riesgo de destrucción de pruebas). Es obvio que el Juez no puede decidir sobre el permiso en función de si el candidato propuesto es idóneo o no idóneo, o si el hecho de que adquiera la condición de President es bueno o malo para la unidad de España. Puesto que la designación como candidato es legalmente correcta (de hecho, nadie la ha impugnado), el Juez únicamente podría impedir el permiso para comparecer si llega a la conclusión (y lo razona en el auto) que el disfrute de ese permiso de un día (quizás dos) pondría en peligro las finalidades que justifican su excepcional privación de libertad. Es decir, si en ese día puede fugarse, puede destruir pruebas, o puede él mismo reiterar las conductas delictivas por las que está siendo investigado.

El juez no puede denegar el permiso porque Sánchez esté imputado o en prisión: no basta con eso según la ley. Ni porque sea independentista. Ni siquiera porque fuese partidario de la ruptura institucional. Sólo podría hacerlo si hay un riesgo objetivamente apreciable de que con ocasión de esa salida momentánea de la cárcel pudiera cometer un delito. Si ese riesgo no existe, el Juez está obligado a permitir al Parlament de Cataluña la celebración de investidura con él como candidato, lo que exige, según la medida cautelar adoptada por el Tribunal Constitucional, su presencia física.

3.- Las hipótesis.

Pensemos qué podría pasar si el Juez hubiese dado el permiso. Saldría en un coche o un furgón debidamente custodiado. En los alrededores del Parlament podría haber concentraciones de gente para apoyarlo o para abuchearlo: esas manifestaciones pueden producirse en cualquier circunstancia. Pero entraría en el recinto del Parlament dentro del furgón, y la policía lo dejaría en la sala del pleno del Parlamento. Subiría en su momento a la tribuna y pronunciaría un discurso. Supongamos que en esa tribuna Sánchez renueva sus promesas independentistas y llama a los diputados y a la población catalana en general a perseverar en un proceso de independencia al margen de los cauces constitucionales. En ese discurso Sánchez estaría protegido por el Estatuto de Cataluña: los diputados están exentos de toda responsabilidad penal por las opiniones vertidas en un debate parlamentario, porque se ha querido que así sea, para que en su actividad parlamentaria los representantes electos del pueblo digan y voten con absoluta libertad lo que quieran. Así lo establece el Estatut (que es una Ley Orgánica estatal, aprobada en Cortes Generales) porque quiere blindar la actividad parlamentaria de absolutamente toda injerencia de jueces, policías o ministros. Sánchez puede decir lo que quiera en la tribuna, y correspondería a los diputados decidir si lo votan o no como presidente. Supongamos que lo elijen. Supongamos que en el acto Sánchez designa a sus consellers, y que a renglón seguido, acabada la sesión y tomada posesión, vuelve a la cárcel en su furgón. Sí, es un papelón tener encerrado a un President en prisión; sí, el escenario político que se crease podría suponer la prolongación del conflicto, pero lo cierto es que eso sería el resultado de una decisión del Parlament de entre las legalmente posibles, para la que tiene competencia exclusiva. Lo cierto es que Sánchez, como presidente, volvería a prisión y seguiría con la misma imposibilidad de cometer delitos que si no se le diera el permiso.

Que la elección de Sánchez sea un hecho que, unido a otros, comporte un mayor riesgo de que se produzca una sedición o rebelión es algo muy discutible. Pero pongámonos en lo peor e imaginemos que así fuera, es decir, imaginemos que Sánchez tiene alguna cualidad especial que no tenga otro candidato de su formación "aún" no sujeto a un procedimiento penal, que lo haga más "peligroso". Aún así, mientras Sánchez esté en la cárcel, los posibles delitos los cometerían otras personas, y no él, porque en la cárcel no va a tener oportunidad, y la prisión preventiva no está para que otros no cometan delito, sino para que no lo cometa el preso. No olvidemos que de lo que ahora discutimos no es si Sánchez debe quedar libre, sino sólo si, como diputado y candidato a president, aún no juzgado ni condenado, debería tener autorización para acudir a la investidura. Sólo eso.

4.- Acción y reacción.

Por tanto pienso (y obviamente esto es una opinión que expreso para someterla a discusión, consciente de que quien ha tomado la decisión cree estar haciendo lo que debe) que el permiso podía,  y por tanto debía, haberse concedido. Su denegación es un paso más en una historia de despropósitos recíprocos que se va autoalimentando por el perverso mecanismo de acción y reacción: así, a la ilegítima decisión política de autoridades catalanas de romper el marco constitucional para obtener un objetivo político (la independencia) para el que carecían de competencia, se responde con la decisión de prohibir físicamente la celebración de un referéndum que ya había anulado y desactivado jurídicamente (¿era necesario impedir el hecho de la votación?); a ello se responde con el empeño de la Generalitat en celebrar físicamente el referéndum que había sido prohibido, lo que motiva la decisión de reprimir por la fuerza la votación preventivamente declarada nula; y la Generalitat y el Parlament, entonces, hacen lo más grave, que es fundar en el no contrastado resultado de un referéndum al que no se sintió legítiamente convocada la mitad de los catalanes, una consecuencia tan importante como es una declaración de independencia; desde el Estado se responde, además de haciendo uso del artículo 155 (acaso con algún punto concreto dudoso, pero en mi opinión con legitimidad), utilizando contra todo pronóstico anterior el tipo penal de rebelión para justificar un encarcelamiento de los líderes independentistas, cuando es francamente previsible que no habrá condena por ese delito; el nuevo Parlament entonces se empeña en nombrar candidato a uno de esos presos, que adquirió la condición de diputado, probablemente porque está preso, y no a pesar de ello; y el juez, pudiendo haber buscado una fórmula que conciliase su función con la del Parlament, opta por impedir de facto al Parlament celebrar la sesión de investidura que ha querido, no concediendo al candidato permiso para asistir.

Lo mejor que he leído últimamente sobre todo esto ha sido un twit bien breve: "sólo me pregunto quién dará el primer paso atrás y empezará a ser sensato". Su autora se llama Sonia: @sosonmb, y no creo que sea una politóloga ni una jurista, más bien me parece una espectadora perpleja.  Sí, debo decir que yo creo que el paso más eficaz, el más directo y exigible, sería una rectificación clara de las instituciones catalanas, abandonando la deriva inconstitucional que han emprendido. Pero a falta de esa rectificación, el Estado tiene medios proporcionados y suficientes para impedir la transgresión sin desfigurar el terreno de juego, no vaya a ser que desde instancias superiores declaren que ha de repetirse el partido: y no, eso no, por favor.