Un martes negro para la “justicia española”. ¿Quién piensa en el miércoles?

Vaya día, el de ayer. Un "martes negro" para la imagen de la justicia española. El TEDH declara que el Estado español vulneró el derecho a un juicio justo de Otegi, Díaz Usabiaga y otros por la falta de imparcialidad de una integrante del tribunal que lo juzgó, no corregida mediante la recusación formulada, ni en el recurso de casación (2 votos contra 3) ni en el recurso de amparo (5 votos contra 7), lo que tiene especial importancia precisamente porque al provenir los enjuiciados del entramado considerado como brazo político-civil de ETA, y al juzgarse si seguían colaborando con ETA o si estaban trabajando en su desactivación como organización terrorista,  hacía aconsejable un exquisito  esfuerzo de imparcialidad y neutralización de prejuicios por parte del tribunal. Un tribunal belga suspende la ejecución de la euroorden relativa a un rapero condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, para preguntar al TJUE si la euroorden puede tramitarse por una razón que ciertamente no tiene que ver con la resolución judicial en sí, pero sí con las condiciones para la tramitación de la euroorden. Y al final de la tarde, el Tribunal Supremo se gira sobre sí mismo y rectifica la rectificación sobre a quién corresponde según ley pagar el "impuesto de la hipoteca" (para simplificar), en una votación que más parecía para aprobar una ley que para aplicarla. Raro es que no haya salido hoy también la sentencia del TSJ Navarra sobre el caso "Manada".

Muy bueno para la imagen de la justicia española no ha sido el día, no. ¿Quién podría reprochar nada al ciudadano que hoy haya concluido que los jueces no estamos haciendo bien nuestro trabajo?

Aprovechemos la coyuntura para hacer alguna reflexión.

1. Me gustaría comenzar por una que está pasando desapercibida. He oído que el nuevo "varapalo" del TEDH a la justicia española es una muestra más del deterioro de la calidad democrática del Estado español. Pero también podríamos decir, aunque resulte paradójico, que ayer se evidenció que el derecho del estado español tiene un buen sistema para garantizar al máximo la imparcialidad de los jueces. ¿Cuál es ese sistema?: la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permite que el TEDH revise el asunto y corrija a los tribunales estatales si aprecia que no han sido suficientemente rigurosos al apreciar el riesgo de parcialidad. Es decir, exponerse a los "varapalos" de un tribunal de derechos humanos al que no puede controlar. No me canso de insistir en que el TEDH tiene la gran ventaja de la "distancia" respecto de la lógica "interna" de cada Estado, porque su "única" función es delimitar con vallas de seguridad el ámbito de los derechos humanos. La sujeción de España al TEDH es una marca de calidad democrática de la que podemos presumir. El TEDH no es un "tribunal extranjero", es un tribunal que forma parte de la estructura jurídica total del estado, por decisión nuestra. Conviene decirlo antes de que crezcan las protestas de algunos (Vox lo dice abiertamente) por la "interferencia" en nuestros asuntos de un tribunal "extranjero". Por cierto, aprovecho de paso para lamentar profundamente que el Gobierno de Sánchez haya decidido no promover la adhesión de España al Protocolo 16 de la Convención Europea de Derechos Humanos que permitiría al TS y al TC formular consulta al TEDH antes de dictar sentencia cuando tuviera dudas sobre el alcance de un derecho con relación al caso enjuiciado.

2. El Tribunal Supremo está perdiendo autoridad doctrinal. En unos casos por razones objetivas (por ejemplo, por una serie reiterada de sentencias del TJUE que han considerado incompatibles con el derecho europeo determinadas líneas jurisprudenciales de la Sala Primera -en particular en materia de protección de consumidores-). En otros casos, por la opinión de una parte no insignificante de ciudadanos y juristas españoles que aprecian una sobreactuación política o alineamiento de los más altos tribunales españoles (supremo y constitucional) con una "estrategia de Estado" con relación a la tensión soberanista en Cataluña, forzando los instrumentos jurídico-penales al servicio de esa estrategia. Tampoco ayuda la sensación (no siempre injustificada) de que en algunas ocasiones posterga la lógica puramente jurídica en la medida en que advierte que las consecuencias "no jurídicas" de sus decisiones pueden ser perturbadoras, en particular para el sistema financiero. Una y otra cosa generan razonablemente la duda de si, en determinadas materias, el poder judicial tiene bien delimitada su función específica, o si sus decisiones no son sólo fruto de una deliberación entre jueces, sino también de conversaciones fuera del tribunal. Para colmo, y como los magistrados son elegidos discrecionalmente por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo acaba siendo percibido como una "cúpula judicial" elegida por los partidos políticos según un sistema de proximidad y de cuotas, con la consiguiente merma de su independencia.

3. Fácil es salpicar estas imágenes con otros condimentos. Por ejemplo, esas condenas a cuatro años por robar un bocadillo, también conocida ayer; o el archivo de una causa respecto de un aforado cuando por los mismos hechos se había imputado a no aforados; o los delitos cometidos por quienes gozaban de libertad provisional; o los asesinatos machistas cometidos por hombres a los que no se les aplicó la orden de alejamiento. Son asuntos que, bien analizados, podrían encontrar, uno a uno, justificación; pero una vez que se convierten en titular de prensa o en pasto de comentario de locutores sensacionalistas, cualquier "explicación" es percibida como un intento de salvar los muebles.

4. ¿Está tan mal la justicia española? Podríamos discutirlo hasta el amanecer, y quizás sería en vano, porque la respuesta va a depender de percepciones difíciles de controlar y de qué sería lo que cada cual considerase "aceptable". Pero seguramente, al amanecer, sí habría una conclusión útil para todos: hay motivos importantes de queja. Claro que los hay; pero quizás tanta anécdota, tanto sobresalto, nos están impidiendo ser ambiciosos en la queja. Porque no tiene nada de ambicioso decir que "todo es una mierda". Eso no sólo es injusto, sino que no sirve para nada, igual que tampoco servía para la regeneración política aquello de "todos son corruptos".  Yo echo de menos que desde la ciudadanía y desde la política, desde la Universidad y desde los medios de comunicación, y desde las propias asociaciones judiciales, una crítica más ambiciosa, más fuerte, más afilada. Echo de menos que el malestar de y por la Justicia pasase de la agenda mediática a la agenda política, legislativa y presupuestaria.  No es un asunto de jueces que comentan los ciudadanos: es un asunto en el que también son los ciudadanos quienes tendrían que tomar decisiones. ¿Cuánto dinero estamos decididos a emplear en mejorar la justicia? ¿Qué tipo de jueces queremos: voluntaristas, intuitivos, ideologizados, legalistas, sumisos, militantes, comprometidos? ¿Cómo han de seleccionarse? ¿Siguen valiendo las oposiciones tal y como las conocemos, o deberíamos parecernos en esto más a todos los demás países europeos? ¿Cómo deberían formarse los jueces? ¿Cómo romper sus rutinas y cómo introducir mayor exigencia en las tareas específicas de interpretación y argumentación jurídica? ¿Qué cultura jurídica estamos alimentando? ¿Cómo debe informarse sobre los asuntos de la justicia? ¿De qué manera podríamos poner diques más eficaces a la tentación de los partidos políticos de "introducir" en los tribunales a jueces con un perfil próximo? ¿Sería mejor alejar al poder judicial del poder económico y político concentrado en la capital? ¿Nos llevamos la sede del CGPJ y del TS a Teruel? ¿Qué encontramos en los modelos judiciales de otros países de nuestra órbita que nos parezca preferible al nuestro?

Pero no, ya verán: en las próximas elecciones generales podrán encontrar alusiones al Consejo General del Poder Judicial, a la formación obligatoria en perspectiva de género, a la cadena perpetua, y poco más. Verán cómo seguimos sin abrir a fondo y en serio un debate político sobre los modos de mejorar esto tan importante que es el poder judicial y la justicia. Verán cómo durante años seguimos criticando desmesuradamente las fiebres de la justicia, pero sin diagnosticar ni tratar al enfermo.