El “pin parental”, o el derecho a faltar a clase.

La carta de presentación del "pin parental" suele traer consigo la referencia a un taller sobre masturbación infantil, o una charla sobre las ventajas del sexo anal. También, en ocasiones, a charlas sobre la homosexualidad, la transexualidad, o la ideología de género. Pero la discusión sobre el "pin" (al que yo prefiero llamar "veto parental") no puede confundirse con la aceptación o rechazo de que esas concretas materias se traten en los colegios. Si se acepta el pin, según sus propios fundamentos, servirá para cualquier otro asunto o materia que unos padres consideren inapropiados o intolerables, y que tengan cierto componente moral, teniendo en cuenta que delimitar el  ámbito de lo que pertenece a  "la moral" es tan elástico como un chicle.

Si el fundamento del veto parental es el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de los hijos, ¿por qué no podrían, entonces, vetar una lección, un profesor, o una asignatura entera? ¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista de ese derecho de los padres, entre una lección sobre una materia que afecte a la ideología más profunda de los padres, o a su concepción moral, y una actividad complementaria obligatoria, programada por el centro educativo?

Quienes vean con buenos ojos lo del pin porque no quieren que sus hijos salgan comunistas del colegio, han de tener claro que ese pin podrán también utilizarlos los padres de una corriente musulmana para evitar que sus hijos vayan a una mesa redonda (obligatoria) en la que se quiera reflexionar sobre casos y realidades sociológicas de discriminación de la mujer que subsistan en la localidad del colegio, en la que acaso se hable de alguna costumbre propia de la cultura de esos padres. Han de saber que serviría para una charla sobre el acoso escolar, que la comunidad educativa quiere tratar con los alumnos. O sobre el suicidio adolescente. O sobre las drogas. O sobre el veganismo. O sobre las antiguas películas del Oeste. O sobre García Lorca y su relación con el Mediterráneo. O sobre las Cruzadas. O sobre los impuestos. O sobre el uso de los móviles y las redes sociales. O sobre las técnicas de publicidad comercial engañosa. O sobre la pederastia. O sobre las procesiones de Semana Santa. O sobre el arte religioso en esa localidad. Han de saber que muy pronto se reclamaría el pin para el uniforme decidido por el colegio. O sobre la prohibición del velo de las menores en el colegio. Sobre cualquiera de los asuntos indicados podemos imaginar perfectamente a padres de una ideología o de otra que pueden tener reparos sobre qué van a oír sus hijos en esas charlas o mesas redondas. Pueden, además, sin duda, argumentar y justificar que lo que oigan puede contrastar con la formación moral que están empeñados en ofrecerles en su casa (supongamos, claro está, que son padres realmente preocupados por la formación de sus hijos).

La pregunta, entonces, es muy clara. La pregunta no es si se encarcela a esos padres o no, o si se manda a la policía a conducir manu militari a esos alumnos para que asistan a la actividad. La pregunta es si la dirección del colegio puede decidir que la ausencia de esos niños a esa actividad escolar obligatoria es una falta, y que cuente como tal.

Pues claro que sí puede, y debe. La decisión sobre cuáles han de ser los contenidos educativos corresponde, en distintos niveles, a los órganos competentes para ello: habrá una ley, habrá decretos, y habrá un margen de decisión para el equipo docente de cada colegio. Y procurarán acertar. Y es posible que no acierten. Y pueden criticarse sus elecciones. Y pueden intentar cambiarse. Pero si la actividad se configura como obligatoria, y un alumno no asiste por decisión de sus padres, ese alumno tiene una "falta", es decir, una "carencia". Seguramente no van a repetir curso por eso. Pero les ha de contar la falta, porque el colegio ha decidido que los alumnos deben oír esa charla, igual que deben oír tantas cosas, que no siempre estarán bien explicadas, ni serán neutras.

El pin se presenta como una protesta contra la "dictadura progre", pero en el fondo no es más que un desenfoque. Un colegio público es un espacio público, que ha de estar presidida por la lógica de lo público.  Así viene siendo en España, como en los países de nuestro entorno. Los padres tienen derecho a formar a sus hijos, pero la Administración educativa tiene la obligación de diseñar los contenidos educativos, y los menores de edad tienen derecho a no ser señalados con el velo de la ideología de sus padres. De cualquiera de ellas: las que nos gusten, y las que no nos gusten.

Hay otras batallas ideológicas mucho más interesantes sobre la enseñanza pública, que pueden perfectamente librarse. Es absolutamente legítimo sostener que determinadas materias no deben abordarse en un colegio. Es una buena preocupación la de evitar el adoctrinamiento de los menores en los colegios públicos. Puede intensificarse la discusión sobre la efectividad del derecho a elegir el centro escolar en función de criterios no sólo residenciales, sino también de orientación o ideario: de hecho, puesto que la "neutralidad" educativa es un imposible, mucho mejor es asegurar un "pluralismo" de centros educativos con facultad de elección, dentro de unos límites razonables. Se puede discutir sobre todo eso en los distintos niveles (el legislativo, el reglamentario, el de los órganos de participación en los colegios). Y si al final se pierde y se da una charla que tan intolerable resulta para unos padres, puede criticarse, igual que puede criticarse a un profesor que adoctrina; puede, también, claro que sí, decidirse que ese día o a esa hora los niños no van al colegio. Pero el alumno tendrá una falta. Tampoco es tan grave. Lo que no tiene sentido es conceder un "derecho de veto" a los padres sobre los contenidos educativos decididos por quienes tienen competencia para ello. Imagínense las risas que este debate produciría si se plantea en la escuela de Francia.