Contra el procès, pese a todo.

Me he "significado" en algunos artículos y en no pocos twits poniendo objeciones a la estrategia estatal de defensa frente al reto independentista. Particularmente me he esmerado en defender que entre entre un plan político independentista con apoyo de movilizaciones populares y un alzamiento violento hay una diferencia de más de veinte años de prisión, y que esa diferencia no puede depender de una interpretación forzada que estire el guante de un importantísimo adverbio empleado en el tipo penal para que encajen los hechos. También he defendido que debería explorarse la posibilidad de resolver democrática y constitucionalmente el enfrentamiento entre dos partes de la sociedad catalana, y entre las cúpulas políticas catalana y española, lo que es bien difícil pero posible. Igualmente he afirmado que habría sido preferible no el tancredismo, pero sí reducir al mínimo el conflicto, no exacerbándolo como si nos fuera la vida en ello, con el efecto de generar una desazón infinita y un enfrentamiento con una energía desde luego digna de mejores causas. Todo esto me ha colocado en la percepción de muchos como persona complaciente con la causa independentista, cuando no directamente como un independentista ¡catalán! (probablemente el apellido induzca a confusión...). Y como a veces a uno le gusta explicarse por sí mismo, aunque no sirva de demasiado, voy a explicar con palabras pensadas por qué no me siento complaciente con esa causa política, y qué significa no ser complaciente con ella. De lo que en absoluto podrá deducirse un aplauso a ninguna de las prisiones acordadas.

1.- Lo primero: sí, es cierto, la aspiración política de secesión y formación de una república donde antes había una comunidad autónoma, me parece legítima, y por tanto también me parece legítimo que un partido o una asociación ciudadana tracen un plan para no sólo contar cuentos y leyendas, sino para conseguirla, que procure convencer a la gente, que intente hacerse con el máximo apoyo popular para ello, etc. Sé que en Cataluña hay mucha gente con la misma estructura intelectual y moral que yo y que amigos míos exacerbadamente unionistas(o constitucionalistas), que quieren la independencia, darían buena parte de su salario por ella, lloran por cada fracaso y están convencidos de que sería mejor para todos. Y no son chalados ni "antisistema" ni gente desvariada. En absoluto los considero enemigos. Me entendería con ellos a la maravilla en las cosas que más me importan. Su aspiración, para mí, es "neutra" desde el punto de vista moral. Yo estaría encantado de que dedicaran esa energía a causas que considero más urgentes, más importantes y más beneficiosas, y me implicaría en intentar  una España que les resultase atractiva porque pienso que es mejor en general seguir juntos como hasta ahora hemos estado, y porque creo que mi España, con el aporte catalán, es mejor que sin él: no sólo porque quedaría más pequeña y con menos PIB, sino sobre todo porque sería menos plural. Pero no sale de mí un reproche por su ansia de independencia, ni lo atribuyo simplemente a maniobras informativas o de adoctrinamiento escolar. Por último, en este punto: no he quedado convencido de que el independentismo "en sí mismo" sea un desorden moral ni un desprecio insolidario al conjunto del que se quieren separar. Aunque haya de todo un poco, como en el lado contrario.

2.- Lo segundo, la neutralidad o legitimidad de un objetivo político no convierte en indiferentes los medios mediante los cuales quiere alcanzarse. Y entiendo que existen tres maneras muy distintas, que habrían de merecer respuestas también diferentes.

1. Una es la vía meramente política, de opinión, de expansión social de la ideología, de obtención de mayorías, incluso de presión y enfrentamiento institucional, etc, cuya respuesta habría de ser simétricamente política: entrar en ese enfrentamiento, persuadir, alimentar la ideología contraria, presentar proyectos alternativos creíbles y atractivos.
2. La segunda es la que transgrede los límites legales y de constitucionalidad, cuya respuesta habría de ser legal y constitucional, donde cabrían los recursos al TC, la aplicación del 155 CE e incluso las acciones penales por los delitos que individualmente cada uno haya cometido.
3. La tercera es la disposición al uso de la violencia, ya sea armada y terrorista o de levantamiento popular determinado a hacer el daño que sea necesario para forzar la situación al límite y obtener así la independencia; cuya respuesta habría de ser la de fuerzas de orden público y delitos más graves del código penal, incluida la rebelión o el terrorismo.

3.- En mi opinión (que es minoritaria a este lado del Ebro) es que estamos en la modalidad segunda. No en la primera, ni en la tercera, que es lo que defienden la mayoría de los unos y la mayoría de los otros. Intentaré explicarme. En las dos legislaturas anteriores, pero en particular en la última, las autoridades catalanes han tomado la decisión de forzar y transgredir el marco constitucional. Explícita e inequívocamente. Han desobedecido órdenes directas  del tribunal constitucional, han aprobado leyes de derogación de la constitución (cosa obviamente inalcanzable desde un parlamento autonómico) y han declarado la independencia sin ni siquiera la base de un apoyo popular normalizado y contrastable. A mí no me vale la justificación de que como el Estado no deja otra opción, la única alternativa era desobedecer y romper. No sé si es la única alternativa (sólo lo es si se antepone el objetivo -la independencia exprés- a los compromisos -la constitución), pero no puedo dejar de decir que hay objetivos políticos que yo suscribiría con todas mis fuerzas y que veo que no son alcanzables en mucho tiempo, y tengo que aguantarme. Otros podrán esgrimir este mismo argumento para finalidades de todo tipo que sienten lejanas: desde proclamar la república, a reinstaurar la pena de muerte o suprimir las autonomías. Y, sobre todo: la teoría política legitimadora de la desobediencia está pensando en su ejercicio por los ciudadanos; pero si es una autoridad, aupada en su puesto por un marco constitucional determinado, esa desobediencia es un fraude y necesariamente un delito.

4.- Frente a esta opción disruptiva del independentismo, aplaudí el modo en que Rajoy hizo uso del artículo 155. Cierto que en algún punto del acuerdo adoptado por el Senado a propuesta del gobierno me surgieron dudas de constitucionalidad, de esas que merecen un recurso al TC para que precise y aclare. Pero en general, vi adecuada la respuesta. Rajoy hizo bien en esperar y no dejarse llevar por las prisas con que algunos le apremiaban, dejó abiertas posibilidades a Puigdemont para que no diera el paso de la declaración parlamentaria de independencia, pero una vez que lo dio se abría de par en par la puerta de la suspensión de la autonomía. Es cierto que Rajoy tuvo antes otras alternativas previas, como dialogar y explorar si era posible un cauce puramente político que permitiera conocer con garantías la voluntad de los catalanes respecto de la independencia, particularmente si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de la población catalana (no sólo la independentista) quería y quiere un referéndum con todas las garantías. Pero del mismo modo que podía autorizarlo, podía no hacerlo, fue una decisión política impecablemente constitucional, y por tanto simplemente criticable, sin más. Podré pues ser crítico con su falta de audacia política, pero no con la aplicación del 155 en el contexto que lo decidió.

5.- Pero no he visto nunca que estemos en el escenario tercero, es decir, el de la violencia. Y no se trata sólo de una cuestión técnica, de interpretación de un adverbio usado en la ley ("violentamente"). He criticado la acusación y la imputación por delito de rebelión, porque no considero que pueda calificarse de alzamiento violento la simple expresión multitudinaria, repetida  y determinada de un apoyo a la independencia, ni una barrera humana, ni subirse a un coche policial con megáfonos, ni todo junto, como tampoco lo vería en el caso en que en alguna manifestación se rompiese un escaparate o se quemara una papelera. Eso es violencia, pero no convierte la manifestación (ni menos aún el "alzamiento") en violenta, ni puede imputarse a quienes convocaron las manifestaciones (no prohibidas) o a quienes éstas apoyaban. Esto serían desórdenes públicos de los que habrían de responder sus autores, y no los convocantes, porque de lo contrario quedaría definitivamente debilitado el derecho fundamental de manifestación y reunión. A favor de esto he invocado varios argumentos, de entre los que el principal es este: el daño causado por algún individuo o grupo no puede imputarse al convocante, cuando el convocante ha pedido de manera tan inequívoca como creíble que las manifestaciones fuesen pacíficas. Así lo pidieron, una y otra vez, y no ya por bondad natural, ni por preparar una causa de exoneración de responsabilidad, sino precisamente para mayor eficacia de la reivindicación nacionalista: sabían, con toda seguridad (y en algún documento se hace explícito), que el carácter al mismo tiempo pacífico y multitudinario, era su mejor carta de presentación, y que si empleaban la fuerza o se producían graves altercados, perdían el partido en dos minutos. Por eso buscaban apoyo enorme, multitudinario, pero pacífico. Y por esta razón para mí es una mala noticia que miembros del Govern y de la Mesa del Parlament estén en prisión y acusados de un delito de rebelión de gravísimas consecuencias, equiparados a militares que entran con armas en un parlamento para provocar un cambio de gobierno y la suspensión de la democracia misma.

6.- En definitiva, no puedo sino lamentar que las autoridades catalanas hubieran decidido malversar su poder democráticamente adquirido al decidir salir de los límites constitucionales. No debieron alimentar un "procès" condenado al fracaso y a la tensión social propia de toda frustración. Aunque no haya habido violencia, no tenían legitimidad para organizar un referéndum vinculante ni para aprobar leyes de desconexión de la constitución. Cometieron delitos, al menos, de desobediencia y de prevaricación y como mínimo habrían de ser inhabilitados por sentencia. No pueden esgrimir el argumento democrático, porque si es cierto que está constatada una voluntad mayoritaria de celebrar el referéndum, jamás ha quedado constatada una voluntad popular independentista mayoritaria (en escaños sí, ya lo sé, ¡pero es contradictorio esgrimir una mayoría de escaños que es efecto de una Ley y no de los votos, para ir contra ese marco legal!). A mí me gustaría que hubiese una mayoría en España proclive a autorizar un referéndum "en condiciones" e incluso una reforma constitucional (he llegado a proponer un texto de esa posible reforma), pero lo cierto es que no existe esa mayoría en España (que es donde ha de decidirse la autorización del referéndum según la misma Constitución que creó las autonomías). El procès está basado en la decisión de no conformarse con los límites constitucionales y actuar por la vía de hecho no respetando la autoridad atribuida al árbitro (Tribunal Constitucional). Y eso no es democracia, porque una democracia sin constitución (por imperfecta que sea ésta) , por más que quiera hacerse votando,  es como un propósito de año nuevo a las seis de la madrugada de la nochevieja: algo expuesto al primer viento.

7. Nada mejor desearía que los partidos independentistas catalanes volvieran a la vía puramente política, que fuera posible formar gobierno en Cataluña sin la servidumbre de tener que respectar la línea divisoria entre independentistas y no independentistas, y que los cargos por rebelión y sedición no se convirtieran en condenas, sin perjuicio de las que deban recaer por otros delitos que se constaten en el juicio.