Toda medida de protección genera costes. Si una norma urbanística obliga a reservar un suelo para parques, limita el empleo en la construcción y sube el precio del metro cuadrado, y por tanto de la vivienda, pero queremos parques y ciudades no demasiado saturadas. Las limitaciones en la emisión de gases, frenan la productividad en ciertos sectores de actividad e incrementan los costes de producción y por tanto los precios, pero intentamos ganar tiempo ante las crisis ecológicas. El establecimiento de un número máximo de viajeros por autobús deja fuera a los últimos viajeros u obliga a la empresa a poner un autobús más que quedará medio vacío, con el consiguiente incremento del precio del billete para todos, pero queremos unas condiciones de viaje dignas. Si limitamos las horas de conducción ininterrumpida del chófer obligamos a un relevo (más personal) o provocamos que el viaje dure media hora más, pero queremos seguridad. Si marcamos un salario mínimo interprofesional, disuadimos a quienes estaban "dispuestos" a contratar más trabajadores pagándoles menos precio, y por tanto generaremos quizás algo de paro, pero ponemos más dinero en el bolsillo de quien está trabajando.
La propuesta de subida del SMI es controvertida entre los economistas. Todo el mundo entiende que si se subiese a 2.500 euros haríamos felices a unos cuantos, pero las disfunciones serían insostenibles. Casi todo el mundo entiende que si suprimimos el SMI, o lo bajamos a niveles que podríamos considerar como "indecentes" (en sentido estricto), tendríamos a más trabajadores dando su jornada laboral completa a cambio de un precio indecente, del mismo modo que si suprimimos las vacaciones remuneradas en las capas bajas del mercado laboral no habría vacaciones (pagadas) o serían de una semana por año, lo que desde el punto de vista de la felicidad de millones de personas sería una tragedia.
La política está llena de "tragic choices", es decir, de decisiones en las que hay ganadores y perdedores, beneficios y costes. En materia laboral, ya tenemos claro (no todo el mundo) que la medida más protectora no es necesariamente la más favorable para el interés que se propone como prioritario; pero también vamos teniendo claro (no todo el mundo) que la apuesta ciega por la flexibilidad (es decir, la supresión de medidas rígidas de protección) no conduce al equilibrio, sino a una mayor explotación.
Si en el siglo XX las sociedades fueron capaces de dotarse de una regulación imperativa de mínimos que perseguía el blindaje de la dignidad y la decencia en las relaciones de trabajo no fue sólo por un sentimiento de solidaridad; más bien fue el resultado de un conflicto. Fue un pacto. Lo llamábamos "pacto social". Me gusta recordarlo cuando leo historias en las que me cuentan que la regulación rígida es ineficiente y la liberalización nos traerá el bien común a medio plazo. Generalmente ilustran sus tesis con excesos, desviaciones e incluso aberraciones anidadas al calor de la regulación. La denuncia de esas desviaciones o corrupciones me parece imprescindible, pero deja de interesarme si veo que conducen a la tesis de la desregulación no ya selectiva (ésa es irreprochable, si se hace en términos claros y serios de ponderación de costes y beneficios), sino por principio (eso es ideología, en el peor sentido de la palabra, es decir, encubrimiento de la realidad al servicio de un interés).
Yo no sé si 900 euros de SMI es mejor que 860 o que 925. Me parecen interesantes las tesis de quienes sostienen que sus reformas deben ser graduales y no bruscas, pero también entiendo que hay medidas que sólo tienen eficacia si contienen algo de audacia. Tampoco sé qué ocurriría si en vez de 30 días al año las vacaciones mínimas del asalariado fuesen de 25 días naturales o de 35. Ni tengo herramientas para saber si reducir dos horas semanales la jornada semanal, o ampliarla dos horas, produce un efecto global positivo o negativo. No puedo decir nada sobre cuál es el montante de indemnización por despido más eficiente. Lo que sí digo con vehemencia es que el argumento del incremento del coste empresarial con el consiguiente incremento del desempleo no me resulta un argumento atendible, porque esa lógica se levanta sobre una amputación de la realidad: deliberadamente ignora que estamos tratando de un conflicto de intereses, y que el interés del trabajador activo no puede ser siempre la variable de ajuste, a menos que volvamos a los tiempos en que el único recurso de los trabajadores para no perder del todo sea la huelga y el conflicto duro.
Esta reflexión (espero que la aclaración sea innecesaria) no pretende defender la subida del SMI a concretamente 900 euros; no es más que una protesta contra los resultones argumentos que se oponen a la subida, y a la noción misma del SMI, en aras de la "libertad de contratación". Supongamos que se constatase que esta subida incrementa el desempleo: ¿y qué? también lo incrementa la prohibición de tráfico libre de armas, el no reconocimiento de la prostitución y los costes de las normas de salud y seguridad en el empleo. ¿Las abandonamos, no vaya a ser que un empresario deje de contratar empleados porque está harto de pagar cascos?
Excelente artículo, Miguel.
He seguido estos días en Twitter algunos hilos apocalípticos sobre las siete plagas de Egipto que caerán sobre nosotros si tal medida llega a implementarse (subida del SMI). La verdad es que, dada la exigua magnitud de la pretendida subida salarial, me quedo perplejo ante el despliegue de argumentos catastrifistas de algunos.
Sobre esa subida del SMI que se presenta como el mascarón de proa del acuerdo entre PSOE y Podemos para los PGE quisiera hacer alguna puntualización.
Tal y como se establece en el art. 27 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno está obligado a actualizar anualmente el SMI en función de una serie de parámerros. Me parece obvio -impresión personal- que el Gobierno de España (de todos los colores) ha estado incumpliendo esa obligación legal desde hace ya unos cuantos años.
Por otro lado, esa subida anunciada del SMI se pretende publicitar -por ambas partes- como uno de los grandes logros del pacto entre PSOE y Podemos, cuando lo cierto es que esa medida podría aprobarse y empezar a implementarse esta misma semana mediante un Decreto-Ley. Es decir, que no es necesario aprobar los PGE para hacer efectiva esa medida. Simple cuestión de voluntad política del Gobierno de Sánchez Castejón.
Y digo eso porque -y aquí arrimo el ascua a mi sardina, lo reconozco- en los próximos días vamos a ver un chantaje moral a los diputados independentistas en el Congreso a cuenta del indudable impacto social de esa medida incluida en la negociación de los PGE (con claros objetivos de marqueting político, en mi opinión).
La reticencia de los diputados de PDCat y ERC aprobar los PGE, como legítima utilización de sus recursos de transacción y negociación políticas, va a ser tildada de insolidaridad, egoísmo y bloqueo de medidas sociales que pueden beneficiar al conjunto de la población.
Hay que tener en cuenta cuáles son las exigencias con que pretenden negociar los diputados independentistas: referéndum de autodeterminación, que genera un enorme consenso transversal en Catalunya, y situación de los líderes sociales y políticos presos o exiliados -no es necesario extenderse explicando las irregularidades del proceso judicial e injusta situación de prisión-, lo cual concita también un amplio consenso en Catalunya más allá del bloque independentista. Ningún atisbo, en el contexto actual, de “unilateralidad” ni República.
Estoy convencido de que vamos a ver un crescendo de voces presionando en ese sentido en los días venideros. Dicho queda que la implementación de la medida estelar de la subida del SMI y otras medidas de carácter social no dependen inevitablemente de la aprobación de los PGE. Pero el PSOE va a jugar a muerte sus cartas en ese terreno.
Y veremos cómo se intenta por todos los medios acorralar a PDCat y ERC colgándoles el “sambenito”.
Un placer, como siempre, y un saludo.