El pacto de la lista más votada.

 

 

El "pacto de la lista más votada" puede ser la última tentación del bipartidismo. O su canto del cisne. No pocos comentaristas hablan ya de ese pacto tácito como uno de los escenarios más probables del retrato del poder en España en los próximos años. Consistiría en que allí donde uno de los dos "grandes" alcanzase la pole position el otro renunciaría a disputársela haciendo alianzas con cualquier otro partido. El resultado sería que, con pocas excepciones (allí donde Podemos, Ciudadanos, o un partido nacionalista obtenga la mayoría relativa), PP y PSOE seguirían gobernando la mayoría de las grandes ciudades, casi todas las autonomías y España, sin necesidad de tomar la suicida decisión de coaligarse para gobernar juntos. Por otra parte, y de paso, lograrían quizás, en estos primeros golpes electorales, mitigar la fuerza emergente de Podemos y Ciudadanos, porque la obtención de una tercera o incluso segunda plaza quedaría desvalorizada por la incapacidad de intervenir en la formación de gobierno, con lo que un porcentaje importante de indecisos acabaría votando por uno de los dos partidos de siempre: el que menos rabia le dé que le gobierne.

 

Ese pacto es legítimo, y sería incluso comprensible si fuese el reflejo de una sustancial coincidencia programática entre ambos partidos. Pero no sería tan legítimo si tan sólo se tratase de un pacto de intereses en el que lo prevalente no es el programa de gobierno, sino la necesidad de seguir ocupando puestos de poder a fin de mantener la estructura organizativa y la relación de puestos de trabajo del partido.

 

Los acuerdos postelectorales entre partidos se han contemplado con demasiada frecuencia como un "mejunje" y como un fraude electoral para "arrebatar" el poder al partido que ha "ganado las elecciones". A veces, sobre todo a nivel municipal, ha sido así, y hemos visto alianzas puramente oportunistas de mercadeo. La mayoría de las veces, sin embargo, se ha tratado de alianzas naturales que configuran una composición de gobierno más apreciada por el electorado que un gobierno del partido más votado. El caso de esta legislatura en Andalucía es paradigmático (los votantes de PSOE y IU superaron a los votantes del PP, y con muy pocas excepciones dichos votantes preferían la coalición de izquierdas a un gobierno popular), como también lo fue el pacto entre PSOE y BNG en Galicia en no pocos Ayuntamientos y en la Xunta, o el pacto en Canarias entre Coalición Canaria y PP frente al PSOE de López Aguilar que fue el más votado.

 

En un escenario previsible de cuatro partidos con un número de votos superior al 15%, y ninguno de ellos superior al 30%, el criterio de la lista más votada no tiene ningún sentido; o mejor dicho, no tendría más sentido que el de intentar poner un dique frente a los partidos emergentes. Pero ese dique duraría poco, apenas algo más que una legislatura, porque sería percibido como un cerrojo institucional, y me da la impresión de que vienen tiempos en los que los cerrojos no son bien recibidos.

 

En todo caso, hay algo que me llama poderosamente la atención. No estoy siguiendo muy de cerca la campaña electoral andaluza, y por tanto puede que mi percepción esté equivocada; pero mi impresión es que ningún partido está planteando como tema prioritario el de la reforma de la legislación electoral (en este caso, andaluza). Oigo hablar de corrupción, de economía (como si la comunidad autónoma pudiese tomar decisiones macroeconómicas importantes), de aforamiento, de protección de la mediana y pequeña empresa, del PER, de hospitales y colegios. Todo eso es muy importante, aunque no está claro que el gobierno que salga de las urnas vaya a dar giros copernicanos en esos asuntos, por más que lo pretenda. Sin embargo no oigo propuestas imaginativas de mejora de los mecanismos de representación política, y particularmente de cambios en el sistema electoral (listas abiertas o desbloqueadas, segundas opciones, gastos en campañas electorales, etc.). Entiendo que PP y PSOE, veteranos jugadores con las reglas actuales, no tengan prisa en cambiarlas. Pero, ¿por qué Ciudadanos y Podemos no proponen, juntos, una alianza para un solo punto programático, consistente en la reforma de la ley electoral?

 

El juego está comenzando. No descartemos que al pacto de la lista más votada entre PP y PSOE, respondan Podemos y Ciudadanos con otro pacto sobre aspectos puntuales que puedan vincular a un Gobierno de mayoría minoritaria. Es muy posible que los votos/escaños de Podemos y Ciudadanos superen en Comunidades Autónomas y grandes ciudades a los votos/escaños del partido más votado. En tal caso, el pacto entre PP y PSOE no podría ser tácito, sino expreso. Y eso sería el fin definitivo del bipartidismo.