Es Rajoy quien debe afear a su ministro.

La transcripción de la conversación entre el ministro de Interior (del gobierno de España) y el Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña indica muy a las claras que el  ministro estaba interesado en buscar delitos o conductas que puedan afearse contra políticos de un partido rival. El diario "Público" saca la exclusiva al inicio de la última semana de una campaña electoral decisiva, con evidente intencionalidad política, lo que tampoco deja de ser llamativo. Sánchez, Iglesias y Rivera piden la dimisión del ministro, y éste se considera a sí mismo víctima de una conspiración, consistente en grabar y filtrar una conversación habida en su despacho.

El episodio enseña dos aspectos cuya gravedad no puede relativizarse. La primera es el hecho en sí de que un ministro, es decir, un Gobierno, utilice a las fuerzas de orden público para buscar delitos en una determinada dirección con motivación política y no criminalística. La segunda es que por mucho que se enfatice esa desviación de poder, tengo la sospecha de que va a recibir una respuesta silente y comprensiva por una buena parte de la ciudadanía, que se va a sentir de parte del ministro, porque le importa más la derrota del catalanismo que la limpieza de sus propias instituciones: "total -parece que les oigo decir-, si ya sabemos que las cosas funcionan así de toda la vida".

He dicho "desviación de poder", y creo que se trata de eso, exactamente. El ministro de Interior puede marcar un sesgo en la política criminal y puede auspiciar o intensificar líneas prioritarias de investigación (terrorismo, tráfico de menores, fraude fiscal, corrupción, violencia de género, delitos ambientales o urbanísticos, etc.), pero nunca, desde luego, por razones políticas o como medio de debilitar a otros partidos y sus tesis. La sola posibilidad de que el enorme poder que el Gobierno acumula con la dirección de las fuerzas de orden público pueda ser empleado, de manera deliberadamente torcida, para esos fines, produce una honda preocupación, sencillamente porque va contra las reglas tatuadas en el imprescindible pacto según el cual el Estado ostenta el monopolio de la violencia y la represión. Es algo que afecta a los fundamentos de la democracia, y no puede quedar rebajado a una anécdota inscrita en la "normalidad inevitable" de las pequeñas corruptelas del poder. No, señor: es algo que debe suscitar rechazo.

Pero, es verdad: me temo que para mucha gente resultará "comprensible" que el ministro haya querido activar esos resortes para un fin "legítimo", que sería la estrategia de debilitar el independentismo catalán. No lo dirán en voz alta: callarán y aprobarán. Posiblemente Rajoy lo sabe, y por eso no abundará él tampoco en explicaciones: dejará que sus votantes "digan" lo que él no puede decir: que no pasa nada, porque se ha hecho por España y lo ha hecho "uno de los nuestros".

Esta manera de reaccionar, muy propia de Mariano Rajoy, me parece que a la corta puede servir(le) pero a la larga hace daño. Entiendo las apreturas del momento electoral, pero echo de menos una mayor talla política. Rajoy, que además de candidato electoral es presidente del Gobierno, debería haber optado por la dignidad de explicar, al menos, que si esas sospechas se confirman y no se dan explicaciones satisfactorias, se trata de un error que inhabilita a Fernández Díaz para volver a ser ministro de nada.  Es Rajoy quien tendría que intentar convencer a sus propios votantes de que no todo vale, y que ninguna España merece ser defendida de esas formas, aunque, indirectamente, se tenga que afear a sí mismo.