Excepto entusiasmo

"Te puedo dar todo / excepto entusiasmo", decía aquella canción de Sabina. Él se lo advertía a una mujer encontrada en la sección de anuncios por palabras, pero es la frase que hoy me ronda para definir mi estado de ánimo con relación al anuncio de las medidas de intervención del Govern y el Parlament de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Leo esta mañana de domingo en los grandes medios las explicaciones. En alguno se repite la expresión "sin complejos" varias veces. Pero dejo al margen esa falaz identificación de los reparos o de la disidencia con una suerte de tara psicológica (son los tarados los más proclives a señalar taras ajenas), y me esfuerzo en dibujar fríamente mi mapa de convicciones con inciertas fronteras que las delimitan del vasto territorio de las dudas.

Me digo a mí mismo, una vez más, para que no se me olvide,  que las leyes del Referéndum y de la Transitoriedad son actos graves, por frontal y deliberadamente inconstitucionales, y que a la gravedad de semejante desconexión autoritaria del principio de legalidad hay que oponer una resistencia desde el Estado. Utilizo el término "desconexión autoritaria" porque creo que me permite un anclaje seguro frente a una desordenada invocación de la democracia como justificación del procès: es una deriva "autoritaria" porque comporta el uso de una autoridad (un Gobierno y una mayoría parlamentaria legitimados democráticamente en su origen) para la consecución de objetivos que están fuera del marco de competencias de tal autoridad. El mismo autoritarismo que si Jesús Gil, en su tiempo, invocase la enorme mayoría absoluta que obtuvo en Marbella para desconectar de la legislación urbanística de Andalucía o de las leyes de inmigración españolas a fin de hacer un diseño de la ciudad acorde con los deseos de los marbellíes. Es autoritarismo porque entonces el fundamento ya no es el mandato popular (necesariamente ceñido al ámbito competencial para el que se convocó el sufragio), sino la autoridad en sí misma, el escaño, el sillón presidencial, que, en un ejercicio extralimitado, pierden su legitimidad inicial. Esto no forma parte de los países de la duda, sino de la capital de las certezas, y es lo que me hace admitir que en efecto el Gobierno no puede asistir impávido y pasivo a un intento deliberado de obtener una secesión mediante estrategias sufragistas pero inconstitucionales. Y por tanto, igual que he protestado por el exceso de palabras como "golpe", "sedición" o "rebelión" para calificar las iniciativas del procès hasta ahora llevadas a cabo, también protesto contra la calificación del acuerdo del Consejo de Ministros de activar el artículo 155 como un "golpe de Estado". No lo es, Pablo Iglesias, no lo es, Forcadell. Es una decisión política dentro del Estado (de Derecho). Entre otras, por cierto, porque para detenerlo bastaría con una decisión de Puigdemont en los próximos días tan simple como convocar unas elecciones y dar por terminada una legislatura tan aciaga, una vez constatado que la votación del 1 de octubre (sin más valor que una manifestación callejera) no puede ni remotamente servir de apoyo para una secesión.

Todo, excepto entusiasmo. Si es una decisión política, es que había otras posibles. Las hubo desde el principio. Y entonces los parámetros para valorar esa decisión son complejos. Me referiré a las dos que creo más importantes.

Por un lado, están los límites mismos de la Constitución a la que quiere defenderse: sería interesante la formulación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que se plantease el problema de los límites del artículo 155. Yo no digo que se hayan transgredido, sólo digo que la absoluta indefinición de los contornos de este precepto ("medidas necesarias" para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento de sus obligaciones, o para proteger el interés general de España) no puede suponer que la mayoría absoluta del Senado pueda acordar "cualquier cosa". Unas serán posibles, otras no. Es, por ejemplo, "discutible" (es decir, puede discutirse constitucionalmente) que pueda intervenirse (aunque sea parcialmente) una Asamblea Legislativa, y que durante un periodo de seis meses pueda designarse a un Ejecutivo completo al margen de la mayoría parlamentaria, o que el Presidente del Gobierno se arrogue la competencia para disolver, o no, la Asamblea Legislativa. Como también es discutible que las medidas propuestas sean "necesarias" (así lo exige el 155), en el sentido de no existir otras menos intervencionistas, para conseguir los objetivos que las justifican.

Pero al margen de los límites constitucionales y de la conveniencia de desarrollo en el futuro de una Ley Orgánica de desarrollo del artículo 155 que a su vez pudiera ser revisada por el Tribunal Constitucional, hay otro parámetro de naturaleza política para valorar el acierto de las medidas propuestas: ese parámetro es el de su eficacia. Eficacia no en términos publicitarios o simbólicos, sino en el sentido de su idoneidad para restituir la normalidad institucional y la convivencia política: no puede ser otro el objetivo. Si las medidas se llevan a efecto, tiempo habrá de valorar tanto sus resultados "terapéuticos" como sus "efectos secundarios". Rajoy y los partidos que le apoyan saben que políticamente se la juegan a medio plazo en el terreno de las consecuencias. Saben que si además de "frenar" este concreto proceso independentista estas medidas no sirven para ofrecer un objetivo que pueda aglutinar no a todos, desde luego, pero sí a una clara mayoría de catalanes, esto no habrá merecido la pena. Saben que si el saldo neto final de la operación es una mayor desafección de la sociedad catalana (no sólo de sus políticos y de sus organizaciones más activas) respecto de su pertenencia a España, habrán fracasado.

Yo me reservo mi opinión. Nadie está obligado a darla en este momento. Es posible que en unos meses acabe convencido de que han acertado, pese a los daños colaterales que se recuenten. Es posible que por el contrario llegue a la convicción de que han fallado en el diagnóstico y en el tratamiento, y deba dar razón a quienes pidan responsabilidades políticas. De momento sólo puedo adherirme a la expresa manifestación de Rajoy de que habría preferido no tener que acudir al 155 para cuya aplicación otros, a su espalda, tanto le urgían desde hace tiempo con cierta ansiedad vindicativa y electoral (me estoy refiriendo a Albert Rivera). Yo me lo creo. Pero no puedo dejar de decir que otros políticos más ambiciosos (a los que se echa de menos) habrían intentado algo que Rajoy y su mayoría parlamentaria siempre han impedido, acaso porque ha calculado que la debilidad que esto pudiera causarles en Cataluña se compensaría con una mayor fortaleza electoral en el resto de España. Me refiero a haber intentado la elaboración, sin prisas (tiempo ha habido desde la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló partes de un Estatuto surgido del acuerdo entre el Parlamento catalán y las Cortes Generales, refrendado popularmente) de una oferta política de trascendencia constitucional que se tomara en serio el hecho de que en España, además de regiones, hay nacionalidades (y que de paso elevase a España a un nivel superior al de su nacionalidad predominante, que es la castellana, para que lo catalán o lo gallego fuese tan español como lo castellano), o bien se atreviera a otorgar un poder de decisión a los territorios que lo reclamasen, a fin de que las tensiones separatistas tuvieran una vía tan democrática como legal para hacerse valer, por más que la secesión se sujetase a condiciones estrictas y exigentes en consonancia con la enorme trascendencia de una decisión así. Lo he dicho muchas veces: no se puede obligar a Rajoy ni a nadie a aceptar una reforma de la constitución que no haya sido propuesta en términos electorales por la mayoría que resulte de unas elecciones, pero su actitud de bloqueo y de parapeto en una legalidad que se muestra disfuncional puede, obviamente, serle reprochada y anotarse en la lista de causas del malestar tan notorio (minimizarlo es puro voluntarismo) en la sociedad catalana, compuesta de hombres y mujeres con un grado similar de información, de manipulación y de inteligencia que cualquier otra sociedad de nuestro entorno.

Me quedo, por tanto, en la barrera. Puedo entender, puedo esperar, procuraré informarme y seguir leyendo pensando, con otros. Pero que nadie me pida entusiasmo ni me reproche mis dudas.