¿Tiene derecho un gobierno democrático a tomar la decisión política de negociar con una banda armada su rendición? ¿Puede, en ese contexto, enviar emisarios que se entrevisten con delincuentes sin denunciar a sus interlocutorios a fin de que sean detenidos por la policía? ¿Puede el Gobierno, con fines estratégicos, demorar una detención u otra medida policial cualquiera? ¿Puede un Juez llamar a declarar, con juramento de decir verdad, a personas que fueron delegados del gobierno en una misión política como es sentarse en la meta con miembros de ETA? ¿Puede el ministro del Interior, que diseña y dirige por encargo del Presidente del Gobierno la estrategia de rendición negociada de ETA, disponer que durante las conversaciones la policía siga vigilando y recabando datos, pero sin efectuar más detenciones que las estrictamente necesarias para evitar la comisión de delitos? ¿No es una calumnia llamar al ministro del Interior "colaborador con ETA"? ¿No queda en ridículo quien lo dice?
Quizás la clave de todas este asunto es que hay ciertas iniciativas y decisiones que sólo puede adoptarlas un gobierno cuando en la oposición se encuentra el grupo político en principio más proclive a esa medida. Así pasó con la reconversión industrial (sólo pudo hacerla un gobierno de izquierdas), con la supresión del servicio militar obligatorio (sólo podía llevarla a cabo un gobierno de derechas). o con la elevación de la edad de jubilación (sólo ha podido hacerlo lun partido capaz de hacer que firmen los sindicatos). Lo mismo ocurre con ETA. He llegadoa la conclusión de que para negociar su punto final es imprescindible una oposición leal y proclive, y por ello creo que tendremos que esperar a que gobierne el Partido Popular. Entonces verán cómo es más fácil...
Es que renunciar a llevarse una medallita es muy difícil para algunos.