Ideas contra la corrupción (II). Comisiones sí, pero solidarias.

Si, como parece ya evidente, es tan corriente la práctica corrupta de conseguir adjudicaciones de contratos mediante lo que eufemísticamente llamamos "comisiones" pero que tiene otro nombre en Derecho (delito de cohecho, que comete tanto el que da como el que recibe), entonces es que los mecanismos de control, transparencia y objetividad establecidos por la legislación de contratos públicos ha fracasado.

 

Como al parecer la naturaleza humana sigue siendo proclive a aceptar manzanas podridas, apenas haya rendijas, pasillos laterales, billetes de quinientos y circuitos que invitan a la perífrasis, la comunicación entre el empresario y el político acabará pronunciado la expresión "tanto por ciento", que no es sino la variable que logra conectar voluntades. Para el empresario es un coste más, como el de la publicidad, los impuestos o las nóminas, sólo que un poco incómodo porque obliga a una doble contabilidad y a una caja fuerte con fondos reservados. Para el funcionario o el político, la comisión es una especie de propina por su acertada elección del mejor postor: una propina, un detalle "que no hace daño a nadie", porque lo importante es que se va a hacer la obra que va a beneficiar a todos. Quizás las primeras veces asoma alguna mala conciencia, o el temor a que un día sea descubierto, pero pronto se convierte en una fuente de ingresos blindada e impune que viene muy bien para poder acceder a un tipo de vida apropiado para quien tan diligentemente gestiona los asuntos públicos. O una manera de sustentar el sistema, porque sin ganar elecciones los buenos "proyectos" se quedan sin continuidad, y para ganar elecciones hay que hacer lo mismo que hace el partido rival. "Yo soy honesto, pero no tonto", cuántas veces se habrá dicho eso.

 

Pero el cohecho, además de ser chapucero, feo y denigrante para el receptor, hace mucho daño. Se desvía una importante cantidad de dinero que perjudica tanto a Hacienda como al sueldo de los trabajadores de la empresa contratista (o subcontratista), o a la calidad de la obra, y a la competencia entre empresas. La competencia se falsea, porque las razones para resolver la licitación acaban siendo completamente distintas a las que se cruzaron en la subasta. Y el político queda prisionero de una decisión sucia que lo subordina a la voluntad de quien paga, porque quien acepta el maletín ha manifestado de una manera inequívoca que tiene precio. Todo el discurso que sostiene su dignidad política se viene abruptamente abajo: a menos que nadie se entere. Pero esa clandestinidad es otra forma de corrupción en la que anidan malos olores e inercias que aceleran los procesos de descomposición.

 

La mejor manera de evitarlo no creo que sea la admisión y regulación de los loobies (es decir, la transparencia de los tráficos de influencias). Una mezcla de imaginación y voluntad política puede ensayar otras fórmulas que traerían, con seguridad, más ventajas que inconvenientes. Una de esas fórmulas que me atrevo a proponer es la de las comisiones solidarias.

Con los matices y excepciones que resulten necesarios, creo que la licitación para las adjudicaciones de contratos públicos debería establecerse no en el precio de la obra ni en otros aspectos sobre la ejecución del contrato, sino en el tanto por ciento que la empresa estuviese dispuesta a ofrecer para las arcas públicas, a modo de un plus impositivo, o de contribución a gastos sociales predeterminados por la Administración correspondiente. Es decir: la Administración que quiere contratar una obra o servicio, fija rígidamente el precio y las condiciones. Las empresas pretendientes habrían de aceptar tal cual esas condiciones, y en vez de competir con bajadas de precio o "mejoras" que, tan generalmente, son la cobertura aparente de acuerdos suscritos por debajo de la mesa, sólo podrían competir apretándose en la oferta de un "tanto por ciento" que no iría a ningún bolsillo privado ni a ninguna cuenta opaca, sino a otras actividades o servicios de la Administración deficitarios que requieran financiación irregular (ayudas sociales, por ejemplo). Se trataría de un "impuesto solidario" que no haría demasiado a las empresas (si están dispuestas a pagar al concejal un 3%, es que disponen de ese dinero para conseguir el contrato). Quien quisiera, pues, la obra, o la gestión del servicio de abastecimiento de aguas,  habría de hacerlo en las condiciones establecidas por la Administración, y el contrato se adjudicaría a quien ofreciese más tanto por ciento solidario.

 

El sistema puro de subasta requiere, para ser funcional, un suelo de confianza que no existe hoy en España: confianza en que de verdad será la mejor oferta la que gane. Si unos se miran de reojo a otros, si se extiende la convicción de que los contratos se adjudican por razones ocultas que no podrían escribirse en ninguna plica, la subasta es un artificio que sólo sirve para justificar aparentemente una decisión que está podrida desde el principio. Por eso, porque entre todos han generado un estado general de desconfianza, es mejor renunciar a ese mecanismo que 'en teoría' persigue el abaratamiento de costes para la Administración mediante una puja, pero que en la práctica no la consigue en absoluto.

 

Renunciemos, pues, a las rebajas de precio y a las mejoras de condiciones. Propongamos con carácter general que los contratos públicos estén, en precio y condiciones, predeterminados invariablemente por la Administración, y que de forma matemática, sin márgenes difusos, el adjudicatario sea quien haya ofrecido más impuesto solidario.