La Andalucía de José Luis Serrano.

He descreído siempre de la retórica institucional que suele desempolvarse alrededor de la fecha del 28-F. En su día me pareció bien aquella opción del pueblo andaluz, auspiciada por el ministro Manuel Clavero y por la izquierda (PSOE, PSA y PC), de reivindicar una autonomía plena como nacionalidad y no como región, y creo que es cierto que el autogobierno ha sido bueno para Andalucía. Incluso me arriesgo a decir que algún mérito debe reconocerse al partido que ha gobernado esta comunidad desde su inicio sin solución de continuidad, por más que su persistencia en el poder constituya una anomalía que no carece de efectos secundarios. El caso es que el 28-F nunca me ha molestado ni me ha entusiasmado: los andaluces en general solemos vivir sin tensión y con naturalidad nuestra condición de andaluces y españoles, quizás porque Andalucía no es una patria, sino una matria, y la autonomía no se nos ha quedado ni demasiado ancha ni demasiado estrecha.

Pero dos circunstancias cruzadas me hacen este año reflexionar con algo más de atención sobre el significado del 28-F: por un lado, la muerte de José Luis Serrano, con quien siempre mantuve conversaciones en las que él ponía, con pasión, más Andalucía y yo, sin pasión, más España; y la iniciativa del PSOE-A de Susana Díaz, de presentar mociones municipales a favor de una especie de declaración o manifiesto que no me gusta, y que calificaría, inventando una nueva palabra (pero imprescindible) como "andalucera". Digo que son circunstancias cruzadas, porque esa declaración "andalucera" es justamente la antítesis del sentido "andalucista" que José Luis Serrano, con solvencia y memoria histórica, atribuía al 28-F. La existencia de dos modelos diferentes de comprensión de Andalucía como entidad política y de su relación con España quedó muy claramente explicada en una intervención parlamentaria todavía reciente de Serrano en la que explicó, desde luego mucho mejor que Pablo Iglesias en el debate electoral televisado, cómo el 28-F debe interpretarse desde el 4-D (de 1977, y por tanto preconstitucional), cómo ambas fechas dibujan el sentido de un "derecho a decidir" de un sujeto político que exigió ser "como la que más" y no "como las demás", y cómo demarcan lo que él denominaba "patrimonio constitucional andaluz".

La campaña socialista "Yo con Andalucía" (burdamente simétrica al "Yo con Susana", que constituyó un lema electoral reciente) presenta el 28-F como un logro tendente a eliminar diferencias, enmarcado en la idea de una autonomía simétrica, frente a un modelo desigual en el que Cataluña, País Vasco y Galicia se diferenciaban "más". Reivindica por un lado el legado socialista, insiste en una identificación entre las instituciones de autogobierno de Andalucía y el PSOE, y asocia el 28-F a una garantía de "igualdad" frente a la fuerza centrífuga de las nacionalidades históricas. A ello le añade ese toque "andalucero" con resabios "folk" que a los sobrios granadinos, giennenses o cordobeses nos incomoda mucho más de lo que manifestamos.

El error está en revertir el significado del 28-F y asociarlo a Madrid frente a Cataluña, es decir, esgrimirlo contra Cataluña y a favor de Madrid, como si se tratase de evitar que otras comunidades progresasen en su camino de singularidad nacional, cuando la memoria nos dice que fue justamente lo contrario: el 28-F se alzó contra Madrid y apuntó a Cataluña, País Vasco y Galicia, es decir, a una unidad de España de carácter periférico y plural, para nada centralista: Andalucía decidió sumarse a una España en cuya esencia estaba tanto el eje Bilbao-Barcelona como los radios que salen de y llegan a Madrid. Y no me refiero sólo a carreteras.

El 28-F de 2016 se presenta como garantía de la simetría territorial en España, a la que tan extravagantemente llaman "igualdad de todos los españoles". Pero si algo fortaleció el 28-F de 1980 no fue precisamente el "café para todos", sino el modelo del artículo 2 de la Constitución, que de manera inequívoca distingue entre "nacionalidades" y "regiones". El forzado vocablo "nacionalidad" no puede esconder su raíz (nación), y por tanto el reconocimiento de una entidad "política" (no sólo geográfica o administrativa). Andalucía reivindicó su condición de comunidad histórica largamente diferenciada de Castilla (que no es España, sino otra nacionalidad dentro de España), y se diferenció de Extremadura, Murcia o La Rioja concebidas como región.

La deriva independentista de una parte minoritaria de Cataluña no puede tergiversar la memoria histórica. En una fecha como el 28-F los andaluces tenemos derecho a defender la unidad de España de una manera diferente a la que oficialmente se impone como "canónica". Si es cierto que la unilateral y a mi juicio espuria y antidemocrática "desconexión" de la legislación estatal que se ha iniciado por la Generalidad catalana sin apoyo constitucional ni popular merece una reacción decidida, ello no impide en absoluto que Andalucía se haga cómplice de una concepción federalizante y periférica de España en la que pueda encontrarse con absoluta comodidad al lado de un guipuzcoano, un coruñés o un barcelonés que quieren diferenciarse de Castilla para hacer una España más atractiva, plural y sin corsés que comprimen la realidad.

No quiero una Andalucía "andalucera" identificada con un partido político y con una visión jacobina de España tolerante con folklores variopintos. Prefiero un andalucismo con memoria histórica que contribuya a una España capaz de albergar de manera cohesionada a nacionalidades federadas. Prefiero la Andalucía de José Luis Serrano, a quien, por cierto, el Consejo de Gobierno no acordó conceder una Medalla de Andalucía a título póstumo por razones de las que aún no nos hemos enterado las instituciones y las personas que la solicitamos.