La familia bien, gracias.

Vivo casado (por la Iglesia) con una mujer y tengo tres hijos procreados naturalmente. Me gusta mi familia, y el patrón cultural que sigue también me gusta: una convergencia de intereses con implicaciones legales derivada de una promesa (el matrimonio) por un lado, y de la filiación por otro. La ley me ha permitido no sólo vivirlo, sino también "tener los papeles", lo que me facilita bastante las cosas. No necesito más apoyos. No quiero que me premien por haber elegido ese patrón familiar, ni por ser heterosexual, ni por estar casado, ni por tener hijos, en la medida en que puedo sostenerlos. No quiero diferenciarme. Convivo con absoluta normalidad con amigos y conocidos que siguen otros patrones diferentes: parejas no casadas estables con hijos y sin hijos, madres solteras, matrimonios homosexuales, adoptantes únicos y en pareja con hijos biológicos y sin ellos, divorciados y separados. Me parece un bien en sí mismo cualquier compromiso familiar que esté apoyado en una decisión de calidad y en el afecto.

No tengo necesidad ni interés en que desde una administración me digan que mi modelo es el fetén y que van a fomentarlo. Es el mío, y me basta con que me permitan vivirlo a mi manera. No quiero ir en primera categoría en el tren de las familias. Ni encuentro una sola razón "presentable" para distinguir categorías mejores y peores en las diferentes maneras de vivir familiarmente según opciones absolutamente personales. Creo que la estrecha convivencia de grupos unidos por el afecto "familiar" es un lujo en sí mismo, y lo único que necesitamos unos y otros es que nos dejen en paz.

Si se ofrece un marco legal que facilite el ejercicio de los derechos para los casos de conflicto, para el tratamiento de necesidades especiales, para la adaptación de las relaciones patrimoniales propias de una larga e íntima convivencia, y de aligeramiento de las cargas económicas propias del cuidado de los hijos, ese marco debe ser exquisitamente neutro respecto de los diferentes modelos de familia. El artículo 39.2 de la Constitución así lo asegura absolutamente, por fortuna: ninguna discriminación entre unas madres y otras en función de su tipo de pareja o de su estado civil, ninguna discriminación entre unos hijos y otros en función de cómo se ha establecido la filiación.

No quiero que nadie trace líneas para separar y "echar de comer aparte" a unas familias consideradas ideológicamente "anómalas". Sociológicamente pueden hacerse todas las distinciones que se quiera, intelectualmente puede decirse lo que se quiera de unas relaciones familiares y otras, porque hay libertad de pensamiento y de expresión del pensamiento, pero no puede admitirse ninguna consecuencia legal negativa por el ejercicio de la libertad de decidir cómo y con quién quiere vivirse. No temo que el valor de mi opción familiar se "disuelva" por confundirse terminológicamente con otros, ni que por tanto las palabras "matrimonio" o "familia" se reserven para una clase frente a otra.

Estará bien que se apoye a quien tiene o adopta a hijos, que se adopten medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que se asegure un mínimo vital digno que permita emprender proyectos familiares. Pero no volvamos a "institucionalizar" rígidamente a la familia. Hace cuarenta años (que no son nada), el código civil definía lo que era la familia "legítima" y lo que no lo era. La legítima sólo se constituía por el matrimonio indisoluble entre un varón y una mujer con capacidad para procrear, se atribuía al varón, lo quisiera o no, la condición de jefe del grupo ("cabeza de familia") con atribución en exclusiva de la patria potestad sobre los hijos, de las decisiones sobre domicilio familiar, gestión de bienes, educación de los hijos, etc., y la mujer (que perdía su capacidad civil si contraía matrimonio, salvo para la compra doméstica) debía obedecer y seguir al marido por expreso mandato legal; las relaciones entre personas del mismo sexo se consideraban desviaciones no sólo morales, sino también legales, la infidelidad de la mujer un delito (la del esposo no), y los hijos nacidos fuera del matrimonio (los bastardos) quedaban discriminados respecto de los "legítimos". A partir de 1981 (con una avanzadilla de 1974) arrancó un largo proceso de desinstitucionalización, a favor de una "familia flexible", luego acelerado a primeros de este siglo. El matrimonio y la familia ya no son un "molde" en el que o te encajas (para siempre) o te quedas fuera: ahora sólo hay (legalmente) un matrimonio sin más exigencias que un consentimiento libre de dos personas de cualquier sexo (no están reconocidos los tríos ni la poligamia) y una formalidad a cumplir (el expediente matrimonial), y una patria potestad, que sí comporta cargas volcadas a favor de la protección de la infancia. Los poderes públicos deben proteger el "hecho familiar", pero no moldearlo; pueden fomentar la procreación, pero no distinguirla; pueden establecer registros, acciones judiciales específicas para el caso de conflicto, presunciones que facilitan pruebas, normas para el uso de la vivienda familiar, obligaciones de alimentos: dentro de eso, cada cual define su manera de vivir en familia de la manera más adaptada a sus preferencias.

Es sorprendente que frente a la laboriosamente ganada "flexibilidad" del marco legal sobre el hecho familiar, se añore una política de vuelta a la "familia tradicional", cuando eso que llamamos familia tradicional hoy es una posibilidad que todo el que quiera puede elegir sin absolutamente ninguna limitación legal.  ¿Qué es, entonces, lo que se quiere decir cuando se propone proteger la familia tradicional? ¿Será distinguir para discriminar? ¿Será poner dificultades a quienes opten por otros modelos familiares? ¿Por qué no dejarnos tranquilos en espacio de libertad que es el ámbito familiar?

La familia bien, gracias. Déjenla en nuestras manos.