Las (decepcionantes) propuestas de Ciudadanos sobre Justicia.

En lo que se refiere al Poder Judicial, el documento que Ciudadanos ha presentado en Cádiz para la regeneración democrática e institucional de España (https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/sections/page-nuestras.ideas.reformas-democraticas-institucionales/reformas-democraticas-institucionales.pdf?__v=129_0)   me parece amargamente decepcionante. Añadiría otros atributos: cosmético, ilusorio, alimentado de lugares comunes y de lecturas de periódico, y basado en diagnósticos equivocados. Si se trata de fijar objetivos políticos "grandes", y no meramente coyunturales (puesto que incluye propuestas que se sitúan al nivel constitucional), me parece pobre y escasamente ambicioso. Mi impresión sincera es que no se trata de un conjunto de compromisos políticos serios, sino de un intento de conectar con eslóganes fáciles de pronunciar en un mitin político. De manera que C's se estaría pareciendo en esto a los partidos a los que se dispone a combatir.

 

Dejando al margen otros aspectos más bien retóricos (como la propuesta nº 14), centro mi atención en cómo Ciudadanos plantea "despolitizar" el Poder Judicial y garantizar su independencia: en lo sustancial, pretende sustituir el actual Consejo General del Poder Judicial por la figura del "Presidente del Poder Judicial" asistido por dos Vocales; cambia el modo de designación del Fiscal General del estado;  y cambia asimismo el sistema de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero veamos con qué alcance.

 

1. Consejo General del Poder Judicial.

 

El descontento con el funcionamiento del CGPJ es indisimulable, dentro y fuera del mundo jurídico. También lo es su permeabilidad con la influencia de los partidos políticos, ya sea directamente, o, lo que es peor (porque a un vicio se añade otro) a través de las asociaciones judiciales y demás sindicatos de intereses. Ciudadanos propone una modificación de la Constitución consistente en su supresión, y su sustitución por un Presidente del Poder Judicial, que sería además Presidente del Tribunal Supremo, asistido por dos magistrados "Adjuntos". Es decir, el órgano de gobierno de los jueces pasaría de tener 21 miembros, a tener tres. Es la propuesta nº 10 de su documento. Esto sólo puede significar dos cosas: a) o bien que Ciudadanos considera que la mayoría de las funciones actualmente atribuidas al CGPJ (protección de la independencia judicial, determinación del estatuto del juez, selección de jueces, formación continua, gestión del servicio de documentación [CENDOJ], nombramiento de cargos judiciales, inspección y régimen disciplinario, intervención consultiva en la tramitación legislativa, etc.) ha de desempeñarlo el Ministerio de Justicia y/o la Consejería de Justicia de cada Comunidad Autónoma (lo que sería defendible, pero desde luego no bajo la rúbrica de "despolitización de la Justicia"), b) o bien que entiende que tres personas pueden desempeñar con eficacia dichas tareas, a las que, si es así, no debe dar demasiada importancia.

 

En la propuesta, el Presidente del Poder Judicial sería elegido por una mayoría cualificada del Congreso (en la actualidad es elegido por la mayoría de los Vocales): al tratarse de una sola persona, esa mayoría cualificada no parece que pueda degenerar en un sistema de "cuotas", y eso es positivo; en cuanto a los Adjuntos lo serían por elecciones celebradas entre los miembros de la carrera judicial. El resultado sería, probablemente, que ese mini Consejo estaría controlado por los dos Adjuntos, que pertenecerían a la asociación judicial que resulte mayoritaria (al ser sólo dos cargos electos no cabe imaginar mecanismos que preserven el pluralismo). Además, de ese órgano quedarían excluidos, según la propuesta, cualesquiera otros colectivos profesionales que ahora sí están representados, como son particularmente los fiscales y los abogados. 

 

Ciudadanos no explica qué haría con el Consejo si no reuniese fuerza suficiente como para imponer esa reforma constitucional, lo que es más que probable. Se trata de una propuesta que puede considerarse "escapista", porque elude pronunciarse sobre las alternativas posibles en el escenario real, que es el de la subsistencia del CGPJ.

 

Si se quiere despolitizar el órgano de gobierno de los jueces encargado de velar por su independencia yo creo que existen fórmulas más eficaces que el de prácticamente aniquilarlo. Me parecería bien (aunque fuese dar protagonismo al Parlamento, lo que parece hoy día heterodoxo en materia de Justicia) que la figura del presidente del Consejo fuese elegida por una mayoría cualificada del Congreso. Pero no tengo claro que, en cuanto a los vocales, lo mejor sea confiarlo todo a la elección de los vocales por los propios jueces, entre otras cosas porque, con sinceridad, no tengo por mejores a las asociaciones judiciales que a los partidos (ya sé que esto requeriría una explicación, pero me desviaría); tampoco me convence la exagerada propuesta de Podemos de una elección de los Vocales por sufragio popular (por más que la defienda inteligentemente un entendido en estos temas como es Bonifacio de la Cuadra). A mí me parecería mucho más simple y eficaz trasladar la sede del Consejo fuera de Madrid (para preservarlo del demonio que todo lo engulle), y designar a los Vocales por estricto sorteo de entre los declarados idóneos, lo que desde luego asegura que entrarían sin hipoteca alguna.

 

 

2. Nombramiento de cargos judiciales.

La propuesta nº 11 de C's quiere ahuyentar todo atisbo de discrecionalidad en el nombramiento de jueces y cargos judiciales. Para ello propone que todo nombramiento sea el resultado de un concurso regido por los principios de mérito y capacidad, lo que quedaría asegurado con la elaboración de un baremo sin margen alguno para la arbitrariedad.

La inmensa mayoría de los nombramientos actuales se rigen por el estricto (y rígido) principio de antigüedad en el escalafón, sólo matizado en algunos casos con la pertenencia a una especialidad. Sí son discrecionales los nombramientos de presidentes de Audiencia, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y de los magistrados del Tribunal Supremo. Aunque, con arreglo a las normas internas, tal discrecionalidad está al servicio, al menos teóricamente, del mérito y la capacidad, lo que justifica que se celebren entrevistas con los candidatos y se expongan memorias que han de ser valoradas. Eso no significa, desde luego, que el Consejo no se deje influir por criterios sectarios (de partidos, pero sobre todo de asociaciones) en la designación, si bien tal decisión es impugnable (a veces con éxito) ante la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Supremo.

¿En qué consistiría ese baremo "objetivo" al que se refiere C's? No lo especifica. Si es sólo la antigüedad, no estaría en absoluto de acuerdo, pues para ser magistrado del TS o presidente de TSJ, creo que deben tenerse en cuenta cualidades que no sean sólo la antigüedad. Y si no es sólo la antigüedad, entonces serán "méritos" o "habilidades" que habrán de ser valoradas por alguien. ¿Por quién? Por el "presidente del Poder Judicial" y sus Adjuntos. ¿Hay alguna garantía de que éstos, al valorar los méritos, sean más "objetivos" que lo que son ahora los vocales del Consejo? ¿No es un mero voluntarismo de Ciudadanos?

3. Tribunal Constitucional.-

La propuesta nº 16 del documento se titula "La despolitización del Tribunal Constitucional". Pero de nuevo parece que el epígrafe, es decir, el eslogan, es más importante que su contenido. ¿En qué consiste esa despolitización? No se hagan ilusiones. Actualmente los doce miembros del TC se eligen así: 4 por el Congreso (mayoría de 3/5); 4 por el Senado (misma mayoría); 2 por el Gobierno y 2 por CGPJ. ¿Qué propone Ciudadanos? Mantiene los 4 designados por el Congreso; los 4 del actual Senado se designarían por su sucedáneo,  el Consejo de Presidentes Autonómicos (que no sé por qué razón estará menos "politizado" que el actual Senado); los 2 del CGPJ los eligirá el Presidente del Poder Judicial, pero eso sí, "sin discrecionalidad alguna", es decir, por un baremo sin margen de apreciación (por lo que también podría elegirlos entonces un funcionario del Ministerio de Justicia); y lo menos presentable del actual art. 159 de la Constitución, es decir, la facultad del Gobierno (poder ejecutivo) de nombrar a dos magistrados, lo mantiene tal cual la propuesta de Ciudadanos.   La propuesta, en definitiva, podrá o no ser acertada, pero no sé en qué sentido supone despolitización del Tribunal Constitucional.

4. Fiscal General del Estado.

La propuesta nº 15 se dedica al Fiscal General del Estado, y se utilizan los atributos "independiente, profesional y al servicio de la legalidad". La aportación más digna de aplauso de esta propuesta es que el designado habrá de pertenecer a la carrera Fiscal, lo que se corresponde con el atributo "profesional". Lo de la independencia, sin embargo, está menos claro. El sistema actual de designación actual por el Gobierno (como expresión de una "política gubernamental" sobre criminalidad y persecución del delito, que es común a lo que ocurre en otros muchos países) se sustituye por otro que puede ser mejor o peor, pero tiene poco que ver con la independencia: simplemente, hace el proceso de elección más "largo": una comisión parlamentaria valora las candidaturas (desde luego, discrecionalmente) y propone "por mayoría reforzada" una terna. Esto significa que los dos o tres partidos que reúnan esa mayoría reforzada consensuarán esa terna. Esa terna se eleva al Gobierno, y éste elegirá de entre los tres propuestos, por supuesto con carácter discrecional. ¿No parece bastante probable que el Gobierno elija a aquél candidato que el partido que lo sustenta haya incluido en la terna?

Concluyo. Creo que las reformas que se proponen en este documento son el resultado de opiniones surgidas al hilo de debates periodísticos, más que el resultado de una seria y documentada reflexión sobre las posibilidades de mejora en eficiencia e independencia del poder judicial. No advierto ninguna ambición por cambiar de verdad nuestro sistema judicial en asuntos diariamente importantes: el sistema de acceso (¿no es urgente cambiar el tipo de oposición y adecuarlo a los mucho más razonables de los países de nuestro entorno?), la competencia sobre control de todo el personal que trabaja en los Juzgados (hoy atribuido de forma dispersa al CGPJ, al Ministerio y a las Consejerías de Justicia), la planta judicial (desgraciadamente abandonado el prometedor proyecto de Gallardón de tribunales de primera instancia), nuevas orientaciones en materia de procedimiento penal (¿cómo conseguir un razonable equilibrio entre las prisas y la eficacia?, ¿qué papel para el Fiscal y el Juez?), refuerzo de la justicia gratuita (¿no hay margen para corregir la desigualdad en el acceso a la justicia?), compromisos presupuestarios para la dotación y aprovechamiento de medios, etc. La propuesta nº 14 alude a una Justicia "rápida, eficaz y con garantías", pero su contenido suena a las generalidades que se vienen diciendo por todo el mundo desde hace décadas, y que más que nada producen melancolía. En general las propuestas sobre Justicia de C's  hablan de lo que se lee en los periódicos o se oye en la televisión, no de lo que se vive en los tribunales. Y ni siquiera sobre esos temas ofrece soluciones interesantes, en mi opinión.

[P.S. Quiero advertir que esta opinión crítica lo es exclusivamente sobre lo leído en el documento presentado en Cádiz. No dudo de que los candidatos de C's quieren de verdad una justicia más eficaz y más independiente. Estoy seguro de ello, y me consta. Pero si C's puede conformar o influir en mayorías parlamentarias, haría bien en olvidarse de este documento y partir de cero para perseguir sus objetivos.]