Lo grave es la “desconexión”, no la independencia

Voy tristemente haciéndome a la idea de que muchos catalanes, casi la mitad, han decidido que no quieren seguir participando en los asuntos de España. Que no quieren seguir representados en el Congreso de los Diputados, junto con vascos, gallegos, aragoneses, andaluces, castellanos, baleares, valencianos y canarios. Que han renunciado (quizás por desánimo, quizás por desinterés) intentar construir una España más atractiva, más flexible, mejor preparada como instrumento de participación en el escenario europeo e internacional.

Quien pulse en la etiqueta "Cataluña" de las de este blog (en el margen derecho, abajo), encontrará una serie de artículos en los que, con unos énfasis u otros, prevalece la idea central de que, aunque el impulso soberanista o incluso secesionista sea difícil de entender para quienes nos sentimos más o menos acomodados en España, desde luego es legítimo e incluso honesto, y que uno de los problemas de este país es que ese objetivo político no tiene medio democrático de expresarse y perseguirse mientras no cambie una Constitución que, como casi todas, parte del principio de una soberanía indivisible. También podrá comprobar que para mí las tensiones nacionalistas son un despilfarro de energía y un argumento acaparador de voto en procesos electorales (a uno y otro lado del Ebro), todo lo cual distorsiona excesivamente nuestra vida política. Por último, sabrá que soy partidario de una verdadera reforma constitucional que, mediante una disposición adicional, habilite un procedimiento sensato, no ligero ni superficial, para poder iniciar un proceso de independencia en territorios donde quede formalmente constatada una voluntad contundente (más de la mitad del censo, no de los electores), sostenida en el tiempo y homogénea en el territorio (en todas sus partes). Y también de una reforma constitucional que siente las bases de una España concebida como federación de nacionalidades (o naciones, me da lo mismo), una de las cuales sería Castilla, con sus regiones dentro (Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, La Rioja, Murcia, Extremadura).

Pero ahora me urge decir que más importante que todo esto es la fuerza del principio de legalidad, y la idea misma de constitucionalismo.

El principio de legalidad es una enorme conquista política de las sociedades frente al poder absoluto de quien "manda".  Significa que tan importante como el contenido mismo de una ley, es su "autoridad". Significa que aunque ya sabemos que no hay leyes perfectas, y que incluso en regímenes democráticos muchas de ellas serán injustas, disfuncionales, anacrónicas o inapropiadas, merece la pena darles autoridad mientras no haya energía política suficiente para cambiarlas. Significa que la voluntad política  ha de someterse a reglas y procedimientos, a fin de evitar derivas hacia la violencia, la opresión o la revuelta. Significa que la democracia constitucional, además del juego de las mayorías, comporta límites a ese tablero de juego, puesto que se reconocen derechos y otros aspectos sobre los que no se puede votar, al haberse blindado, por encima de las leyes ordinarias, en un texto constitucional. La democracia no es sólo el gobierno de la mayoría, sino también un procedimiento reglado para dirimir los conflictos políticos.

La declaración parlamentaria de los diputados de CDC, ERC y CUP  arrancando un proceso de construcción de un Estado catalán independiente, con una llamada expresa a no cumplir los imperativos del ordenamiento jurídico dentro del cual y por virtud del cual tiene escaños de representación popular en Cataluña, puede ser leído, creo que sin exageraciones, de una manera terrible: significa que para esos diputados el objetivo político (insisto, legítimo) de la independencia justifica lo que ellos denominan "desconexión", y que no es más la derogación del principio de legalidad y constitucionalidad. Es decir, que tiene más importancia la independencia de Cataluña que la democracia misma y el principio de legalidad. Y esto tiene consecuencias: una de ellas es que dejan de ser de fiar, como cualquier fullero, y otra es que han perdido legitimidad para exigir el respeto a ninguna ley, por supuesto ni siquiera a las que ellos aprueban, porque parten de la premisa de que hay leyes que no deben respetarse si chocan con voluntades políticas fuertes.

Ya sé que están "cumpliendo" una promesa electoral, pero uno creía que tras el resultado electoral habían comprendido que no tenían mandato para una iniciativa política tan trascendental, porque si algo quedó claro es que la mayoría de los votantes catalanes no los autorizó para iniciarlo. Perdieron el plebiscito, y sólo obtuvieron una mayoría parlamentaria que puede servir únicamente para lo que el marco legal vigente (no el imaginario) autoriza a una mayoría parlamentaria: formar Gobierno, aprobar leyes dentro de su competencia, etc. Ni desde el punto de vista constitucional/estatutario (que les obliga a respetar las competencias exclusivas del Estado), ni desde el punto de vista democrático (cómputo de votos), tienen legitimidad para iniciar así ese proceso. Lo que no vale es decidir arbitrariamente que un resquicio legal (el modo de asignación de escaños en el Parlamento) les autoriza para, contra la voluntad popular, decidir a qué leyes y tribunales siguen sometidos, y a cuáles no.

 

Si la mayoría parlamentaria catalana ha decidido explícitamente no sentirse limitada por la Constitución, entonces no estarán legitimados para imponer ningún otro orden constitucional, ni para reclamar, por poner un ejemplo, el respeto al Reglamento del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué habrían de respetarlo los disidentes a la hora de constituir la Mesa del Parlament, o a la hora de elegir al President de la Generalitat? Y ¿qué legitimidad podrán invocar frente a una masa populista que pasado mañana se alce contra las instituciones (¡catalanas!) y apoye a un Gobierno golpista que satisfaga sus reivindicaciones populistas sin democracia? O ¿con qué argumentos se defenderían de una intervención decidida militarmente al margen del Gobierno constitucional para preservar la "unidad de España"? ¿Por qué pagar impuestos, si mi religión o mi conciencia desaprueba en qué se gasta el dinero público? Podríamos seguir. No se trata de alargar una antología de disparates, sino de solidarizarme con los catalanes independentistas que hoy estén (lo pongo en subjuntivo, pero juraría que puedo conjugarlo en presente de indicativo) avergonzados de cómo los representantes a los que votaron  han optado por maniobras de jugarreta sin más recorrido que el electoral a corto plazo.

 

Pero no, por favor, que nadie se apresure a sobreactuar, en vista de unas inminentes elecciones, pidiendo que se mande ya a  Fiscales y Guardias Civiles, o escenificando un desastre. Ojalá desde distintos frentes la respuesta fuese, además de exquisitamente constitucional, lo suficientemente lúcida como para abrir nuevos escenarios y cerrar los que ya están tan viciados y gastados.  Es insoportable que al eslogan "independencia" sólo se conteste con otros eslóganes, cada uno el suyo: "ley" (PP), "federalismo" (PSOE), "referéndum" (Podemos) o "recentralización" (Ciudadanos). Entremos en matices. Reconozcamos que el malestar de España no se arregla expandiendo la palabra "Madrid", ni blandiendo la muralla de una Constitución inmutable, sino habilitando una convivencia política entre vascos, andaluces, castellanos (con sus regiones), catalanes, gallegos, aragoneses, valencianos y canarios. Hace falta audacia política, hace falta desde este lado renunciar a rascar el voto "anticatalán", dolido y emotivo, porque si el objetivo es mantener una realidad política que se llame España, primero hay que reconocer abiertamente que en España hay un malestar que no se arregla con eslóganes, sino con reformas.