Los whatsapps de los reyes y el negocio de las exclusivas.

El periódico eldiario.es publica la transcripción de unos mensajes de WhatsApp enviados por los reyes a un tal López Madrid dentro de un grupo de amigos. El mensaje de la reina tiene un tono de apoyo moral a un amigo que apareció en informaciones sobre el uso pestilente de las tarjetas black de Caja Madrid. El del rey es más neutro, se limita a decir que prefiere no comentar por ese medio. No sé si en los próximos días aparecerán más entregas de esa exclusiva periodística: de momento el contenido de la exclusiva sólo sirve para subrayar que uno de los implicados era amigo de los reyes, y que al menos en un primer momento lo trataron como tal.

Se trata de una exclusiva periodística que es fruto de un delito: la filtración de un documento en el que se recoge un ámbito de intimidad (una conversación entre amigos), que indudablemente resultó de una investigación penal. El periódico, con arreglo a la legislación vigente, carece de responsabilidad jurídica, porque siempre podrá invocar el derecho de información de asuntos de "relevancia pública", siendo así que según la jurisprudencia consolidada cualquier aspecto de personalidades de tanta proyección pública como es un Jefe del Estado es considerado como de relevancia pública. Dicho de otro modo: los personajes públicos deben cuidar celosamente su intimidad con silencios y con barreras, porque salvo en casos extremos está desprotegida del riesgo de informaciones periodísticas. En todo caso, la primera afirmación sigue siendo cierta: la exclusiva es fruto de un delito, porque quien accedió al sumario, quien extrajo de él el documento y quien lo vendió a un medio de comunicación (quizás lo intentó con varios) está cometiendo un delito de revelación de secretos, castigado en el Código Penal. Será, sin embargo, muy difícil dar con él, porque el periódico invocará el derecho constitucional a no revelar la fuente de una información. 

Me preocupa que esto pueda pasar con el Jefe del Estado, porque es una prueba elocuente de la absoluta indefensión en la que todos los ciudadanos nos encontramos ante la acumulación de datos personales y trozos de intimidad que no se van con el viento, porque están escritas con palabras que no se borran o con grabaciones guardadas y clasificadas en sistemas de almacenamiento masivo. Ese material puede ser muy útil para la investigación de delitos, pero no es inocuo. El concepto mismo de intimidad ha cambiado radicalmente desde el momento en que no existen cortinas que nos protejan eficazmente de la mirada ajena. 

Cada vez que encuentro publicada en un periódico una conversación privada, sea de reyes o de delincuentes, me duelen las entrañas. Lo digo en serio: me duele. Por mi trabajo he tenido ocasión alguna vez de "rebuscar" en registros y grabaciones los rastros de un delito e inevitablemente he comprobado lo enormemente agresiva que es una medida de intervención de comunicaciones privadas, porque incluso en el caso en que las cosas se hacen bien y sólo el policía y el Juez "oyen" o "leen" esas conversaciones, a cubierto de toda filtración, y seleccionan lo imprescindible para probar un delito expulsando de la causa todo lo demás, aún así, digo, el solo hecho de que una tercera persona (el juez, el policía) escuche lo que se ha dicho en la intimidad, es una agresión definitiva a la intimidad. Por eso es importante el carácter excepcional de esa medida, su exquisito control. Imagino la sensación que debe tener una persona investigada que sabe que alguien ha estado escuchando las conversaciones mantenidas desde su teléfono del último mes, por ejemplo. A veces útil, es cierto, para encontrar al culpable e incluso para prevenir nuevos delitos, y por eso la Justicia no debe renunciar a semejante instrumento. Pero la protección de ese material de la mirada ajena no debe ser más tenue que la de los altos secretos de Estado.

Por lo general una conversación privada puesta en titulares de periódico produce una distorsión irreversible. En privado podemos decir esto o lo otro, sin más cuidado que la confianza que tengamos en el interlocutor. Tenemos la sensación de que somos dueños de esas palabras. Pero si un día las vemos en un titular, son esas palabras las que se hacen dueñas de nosotros. En vano intentaremos explicar, matizar, contextualizar: somos quien ha dicho esas palabras, y punto.

El morbo y la curiosidad por lo íntimo es una fuente inmoral de negocio. Mueve dinero, porque genera audiencias y entretenimiento, dado nuestro deterioro moral y nuestra falta de resistencia. Yo sé que poner límites al derecho de información de los periodistas va contracorriente, pero desde hace tiempo defiendo que debe regularse la responsabilidad penal no ya de quien filtra, sino de quien hace público un trozo de intimidad que haya sido obtenido a través de una autorización judicial para la investigación de un delito. En mi opinión habría de ser delito la publicación y difusión de una conversación o imagen privada extraída de una causa criminal, con la única excepción de aquellas que por el propio Juez hayan sido consideradas relevantes y necesarias como prueba de la comisión de un delito. En el equilibrio entre el derecho a informar y el derecho a la intimidad, creo que hay que optar por el término que hoy día es más débil: la intimidad. Tanto poder hay enfrente, tan suculenta económicamente es una exclusiva con trozos de intimidad, que hace falta un blindaje mayor de lo privado.

Las conversaciones de la reina con el amigo de los reyes no son delictivas. Si lo fueran, podría estar justificado que, una vez levantado el secreto sumarial, si el Juez no las ha expulsado de la causa y llegan a un medio de comunicación social, éste las publique, porque todo lo que es delictivo sí tiene relevancia pública. Lo demás es chismorreo, y el chismorreo no puede nutrirse de elementos obtenidos con una autorización judicial limitada a la investigación de un delito. Eso es inmoral hoy, y debería ser delito mañana. No aplaudo, por tanto, esa exclusiva de hoy de eldiario.es. Igual que nadie puede aceptar los objetos robados, tampoco un periódico debería poder hacer negocio con una filtración delictiva. 

Y de monarquía o república  ya podremos hablar en otra ocasión, hoy no se trata de eso.