Once ideas para un diálogo leal y útil

ERC exige al PSOE como condición para facilitar su investidura un documento escrito con compromisos para iniciar y luego desarrollar el diálogo en torno al conflicto político suscitado por el rechazo de las instituciones catalanas del marco constitucional y estatutario vigente y sus intentos por alcanzar la independencia. La petición no puede calificarse como irrazonable. Parecerá insuficiente, innecesaria o inadmisible a unos y otros, pero tiene sentido. Lo único que con nitidez ha asegurado Sánchez respecto del conflicto catalán es su “disposición al diálogo dentro de la Constitución”. Por tanto, hay una disposición a explorar conjuntamente salidas políticas a la crisis. Es normal que ERC quiera cerciorarse sobre el alcance y magnitud de esa disposición.

Se alcance o no la investidura, este es un buen momento para precisar qué quiere decir cada cual cuando habla de diálogo. Hay un documento suscrito por centenares de académicos, intelectuales y periodistas que pide a los partidos políticos un compromiso por rebajar la tensión social en Cataluña y por la negociación para encontrar salidas políticas. Hay también una muy importante proporción de ciudadanos en Cataluña y en el resto de España (en adelante, para abreviar, España), que piensan que un diálogo abierto y liberado de tácticas electorales es condición necesaria (quizás no suficiente) para salir de un escenario que tantas energías está consumiendo en vano. Dejando de momento al margen a quienes, legítimamente, en España, defienden que todos los esfuerzos han de dedicarse a restablecer el orden constitucional y estatutario, y que ello no necesita diálogo, sino definición de posiciones y uso de los medios coactivos del Estado, así como a quienes piensan, en Cataluña, que no hay marcha atrás y todos los esfuerzos han de dedicarse a apretar para conseguir cuanto antes la independencia mediante la intensificación del conflicto social e institucional, interesa mucho dar forma concreta a la genérica idea del diálogo. Eso puede, como mínimo, decantar razones: es posible que la palabra diálogo, para algunos, no sea más que un burladero para no pronunciarse, o una confianza ingenua en la magia de las palabras, como si utilizar términos amables fuese ya, por sí mismo, un avance; pero es seguro que otros, cuando piden, ofrecen o prometen diálogo, están hablando de algo serio, y desde la convicción de que hacen falta nuevos movimientos políticos que requieren un punto de partida consensuado, aunque los objetivos sean antagónicos.

¿Qué diálogo? ¿Sobre qué? ¿Para qué? Son preguntas cuyas respuestas pueden ponerse por escrito. Y por eso puede hacerse virtud de la necesidad impuesta por la exigencia de ERC. Y por escrito podrían dejarse dichas, por ejemplo, cosas como éstas:

I. El diálogo ha de ser honesto, y no táctico, y por ello las líneas rojas han de explicitarse. De hecho, esa es la primerísima condición: que cada parte manifieste qué es aquello irrenunciable que quiere que sea reconocido por la otra parte. Y eso “irrenunciable” no puede ser el diálogo mismo, sino determinadas premisas y posiciones ideológicas. Son, en definitiva, las líneas rojas. Si existen, no hay que esconderlas. Así, por ejemplo, podrían hacerse explícitas las siguientes premisas:

I.A) Un Presidente del Gobierno o un Gobierno no tienen ni deben tener competencias para comprometerse por la vía de la negociación política a nada que no le permita la Constitución, sea cual fuere la posición política del partido o de los partidos que sustentan el Gobierno. Está obligado a respetar los límites con los que la Constitución y las leyes vigentes -en la medida en que, de hecho, no puedan modificarse- acotan su autoridad. Así, por ejemplo, no puede interferir en las materias reservadas al poder judicial, y han de someterse a los criterios que resulten del Tribunal Constitucional. Esto por ejemplo, le impide hoy por hoy, inequívocamente, autorizar un referéndum vinculante sobre la independencia o la permanencia de Cataluña dentro del Estado español. Puede, por tanto, partirse de la premisa de que existen decisiones en sí mismas legítimas, que sin embargo no tienen actualmente cauce de expresión democrática sin una previa reforma constitucional siguiendo el procedimiento previsto en la misma Constitución. Esta premisa es fundamental. La entiende todo el mundo, como todo lo que puede expresarse en latín: nemo dat quod non habet; nadie puede dar lo que no tiene. El candidato a la investidura puede incluso rematar diciendo que la rotundidad de esta premisa ha de entenderse como una expresión de respeto a sus interlocutores.

I.B) De otro lado, un partido político tiene no sólo legitimidad, sino también derecho, a propugnar y avanzar hacia un objetivo no constitucional, puesto que la Constitución no delimita el perímetro del pluralismo político legítimo. Cierto que no a cualquier objetivo (por ejemplo, aquellos que resultasen incompatibles con la democracia, el estado de derecho, el pluralismo mismo, y el respeto de los derechos humanos tal y como vienen concebidos por organismos supranacionales que por fortuna nos comprometen), pero sí, desde luego, la formación de un Estado propio e independiente. Puede por tanto el candidato a Presidente del Gobierno comprometerse a fortalecer, mediante las reformas legales que sean necesarias, el pluralismo político garantizando a los partidos independentistas su derecho a llevar a cabo políticas, dentro de la legalidad, orientadas a ampliar la base social de sus reclamaciones y a procurar cambios legislativos en esa dirección, sin perjuicio de que tales objetivos no se compartan e incluso reservándose el derecho a combatirlos con los mismos medios. Esta afirmación tiene, en mi opinión, una importancia capital, puesto que afecta al reconocimiento recíproco, que es indispensable para que pueda hablarse de diálogo en el contexto de una fuerte discrepancia.

II. El diálogo ha de tener vocación de utilidad, no de escenificación. Ha de concebirse como abierto a posibilidades no aseguradas desde el principio, y con intención de encontrar acuerdos que, aunque impliquen concesiones recíprocas, éstas queden justificadas por objetivos de más valor que el que se da a aquello en lo que pueda cederse. Por eso se trata de política, no de juicios ni leyes. En esta línea pueden abrirse espacios para la discusión y contraste de posturas, como las siguientes:

II.A) Referéndum. Si una de las aspiraciones mayoritarias de la sociedad catalana es contar con una posibilidad de expresar su voluntad de autodeterminación (o sea, de decir lo que quiere como pueblo diferenciado), puede discutirse y negociarse sobre modalidades que lo hicieran posible y que sí estén dentro de las posibilidades de dirección política atribuidas al Gobierno. En esta línea, hay un margen de actuación mayor de lo que estamos acostumbrados a oír. Por ejemplo, podrían llevarse a cualquier mesa diálogo posibilidades como las siguientes:

II.A.1. El candidato a la investidura podría comprometerse a dar su conformidad a un referéndum en Cataluña, intachable constitucionalmente, de aprobación o no de una iniciativa del Parlament de Cataluña elevada a las Cortes proponiendo una reforma de la Constitución por la vía del artículo 166.1, con relación al art. 87.2 CE. En efecto, ambos artículos establecen de manera inequívoca que los parlamentos autonómicos tienen atribuida iniciativa para la reforma constitucional. La ventaja de esta vía es que, si es elevada a las Cortes, ha de discutirse, sin que el Tribunal Constitucional pueda impedirlo, porque naturalmente una iniciativa de reforma de la constitución nunca puede ser, por su contenido, inconstitucional. Así, el Parlamento de Cataluña, con el PSC o sin él, con los Comunes o no, podría proponer, por ejemplo, como reforma constitucional, la consagración, con las debidas adaptaciones, de los principios establecidos por la Clarity Act canadiense, que incluyen la posibilidad de celebrar una consulta, las condiciones de la misma, y sus efectos, como mecanismo que no ultima, sino inicia un proceso democrático y bilateral de secesión. No cabe duda de que esa propuesta del Parlamento de Cataluña podría ser sometida, antes de ser elevada a las Cortes, a referéndum en Cataluña, previa la autorización prevista en el artículo 149.1.32 de la constitución (la autorización para consultas populares por vía de referéndum es competencia exclusiva del Estado), que el candidato a Presidente sí puede comprometer. Y al menos, así, sin óbice constitucional alguno, Cataluña habrá podido democráticamente decir lo que quiere, lo cual es un claro ejercicio del derecho de autodeterminación. En la medida en que refleje un muy amplio consenso dentro de Cataluña, ello tendrá al menos un valor político incuestionable. De otro lado, es bien posible que una propuesta así encuentre más apoyo en la sociedad española que el que imaginamos escuchando a sus líderes.

II.A.2. No es tan claro que, leyendo con atención la doctrina del TC sobre las posibilidades de un referéndum de autodeterminación, no pudiera autorizarse (por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa autorización del Congreso de los Diputados) una consulta no vinculante en un territorio del Estado sobre la voluntad de independencia, si en la propia convocatoria de dicha consulta se estableciese con claridad que las consecuencias de la misma no podrían ser más que iniciadoras de un procedimiento de reforma constitucional que fuese finalmente refrendado por un referéndum nacional. Cierto que esta opción (una consulta territorializada no vinculante sobre la independencia) tiene muy serios inconvenientes políticos: de un lado, porque al no ser vinculante el voto puede ser más estratégico que decisorio (yo estoy convencido de que un referéndum consultivo incrementaría el “sí” y uno decisorio incrementaría el “no”); de otro lado, un resultado claramente dispar de esa consulta y del eventual referéndum en toda España podría intensificar aún más el conflicto al formalizar, como se ha dicho por algunos, un choque de legitimidades. Con todo, al menos serviría para conocer formalmente la realidad.

II.A.3. También puede el Presidente del Gobierno, por la vía del artículo 92 de la constitución, someter a referéndum en Cataluña, o en toda España, cualquier acuerdo político entre el Gobierno y la Generalidad, refrendado por una moción en el Congreso de los Diputados, con efectos por tanto sólo políticos, cuyo contenido no resultase contrario a la Constitución y requiriese únicamente reformas estatutarias y de leyes orgánicas y ordinarias estatales. Piénsese que la gran mayoría de los artículos del Estatut que el Tribunal Constitucional anuló, no eran en sí mismos, por su contenido, inconstitucionales, sino que invadían competencias reservadas a leyes estatales: nada impide la reforma en Cortes de esas leyes estatales subconstitucionales. Al ser las Cortes las competentes para ello, no tendría fuerza el argumento de que el referéndum debiera celebrarse en toda España, pues la decisión final no quedaría sustraída a la soberanía nacional.

II.B. Estatuto. Es obvio que uno de los contenidos posibles y fecundos de ese diálogo podría ser, sin óbice alguno, la negociación de un nuevo Estatuto que, por su propia naturaleza, habría de ser aprobado en referéndum en Cataluña. En ese referéndum, cabría abrir como opciones, junto al “sí” a la propuesta de Estatuto, varias clases de “no”: No porque quiero la independencia, No porque quiero otro estatuto, No porque soy contrario a las autonomías, por ejemplo. Pero esta vía no podría sortear la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad y un nuevo cepillado que alterase lo aprobado en referéndum, si bien entiendo perfectamente posible que, en caso de ser anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, el Gobierno puede autorizar otro referéndum en Cataluña, sobre el texto resultante (quizás el pueblo catalán que haya dicho “sí” al texto aprobado, dijera luego “no” al resultante de la sentencia, y en ese caso políticamente no tiene sentido imponerle un Estatuto que no quiere).

II.C. Reforma constitucional federalizante. También podría abordarse la posibilidad de una reforma constitucional que, incluyera o no el derecho de audeterminación (no es exigible a ningún partido aceptarlo, ni tampoco renunciar a ello, pero sí puede discutirse sobre ello), aclarase la actual diferenciación constitucional entre nacionalidades y regiones, otorgando fórmulas diferenciadas de permanencia dentro del Estado español que de ninguna manera tendrían por qué comportar privilegios, en particular por que deberían hacerse depender de la voluntad de la población de cada una de las actuales comunidades autonómicas. Si la propia Constitución prevé, actualmente, dos tipos diferenciados de Comunidades Autónomas en función de la mayor o menor voluntad de autonomía de cada una (el artículo 151 de la constitución no es sino una fórmula de ejercicio de un derecho de autodeterminación acotado por el límite de las competencias exclusivas del Estado y por la unidad de España), también puede prever, en un modelo federal en sentido estricto, un diseño con varias nacionalidades que, en conjunto, abarcasen el territorio entero (una de ellas sería la nacionalidad castellana, que no puede seguir identificándose con España), y la posibilidad de regiones dentro de alguna de esas nacionalidades. De hecho, siempre he mantenido que uno de los factores de confusión en nuestra organización territorial es haber referido el término nacionalidad sólo a los territorios de Cataluña, País Vasco, Galicia, quizás Andalucía, y acaso alguno más, y silenciar la nacionalidad mayoritaria dentro de la nación española: Castilla. Dar carta de naturaleza a la nacionalidad castellana (con sus regiones), resituaría la nación española a un nivel superior, distinguida de su identidad mayoritaria.

Esta reforma constitucional, en caso de no incluir el derecho de secesión, no requeriría el procedimiento agravado del artículo 168, sino que se tramitaría por el procedimiento del artículo 167: habría de ser aprobado por 3/5 del Congreso (210 diputados) y del Senado, y 35 diputados podrían obligar a someterla a referéndum nacional. La reforma, obviamente, podría incluir otros aspectos conexos, como particularmente, la del Senado.

II.D. Desarrollo por Ley Orgánica del artículo 155 de la constitución. Puede también debatirse sobre un aspecto fundamental que en algún momento debe acometerse: la aprobación de una Ley Orgánica de desarrollo del artículo 155 de la constitución. El Tribunal Constitucional ha dado algunas orientaciones sobre el modo de entenderlo, y en particular sobre el modo de no entenderlo. Junto a ello, el legislador, por mayoría absoluta del Congreso, puede establecer las condiciones de ejercicio y las facultades que atribuye al Gobierno central. Ello sería un paso de indiscutible utilidad, a fin de evitar la recurrente invocación del mismo como un indeterminado Primo de Zumosol (los mayores entenderán la metáfora) que, hoy día, es una grieta importante en la consistencia del modelo autonómico.

II.E. Indultos. Defiendo con vehemencia que el candidato a una investidura no puede comprometerse, a cambio de obtenerla, a conceder uno o varios indultos. Eso convertiría la resolución del Ministerio de Justicia acordándolos en claramente impugnables ante la Sala III del Tribunal Supremo (contencioso-administrativo): la función del indulto no es, ni puede ser, conseguir una investidura. En la medida en que haya un compromiso, la ulterior concesión quedará contaminada jurídicamente por el mismo, e incurrirá en causa de nulidad, cuando no en delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, sí es perfectamente legítimo establecer determinadas condiciones, que en sí mismas tengan que ver con la razón de las condenas, que hicieran posible el indulto o la revisión de las penas: por ejemplo, el logro de un acuerdo institucional que supere el escenario en el que se produjeron tales condenas, o la aprobación de una nueva regulación de los delitos por los que se condenó (lo cual, por otra parte, sería más que conveniente). Hay un margen de discrecionalidad en el ejercicio del derecho de gracia, que ciertamente no es infinito, pero sí puede incluir la obtención de ventajas, no para un candidato o un partido, pero sí para el Estado.

III. El diálogo ha de intentar ser restitutorio. Una de sus principales oportunidades podría ser el reconocimiento de errores. Errores ha habido por ambas partes. Por acción, y por reacción. En una mesa de diálogo leal, cada parte podría hacer los reproches que entendiera oportunos, y si el contexto es favorable, ese cruce de reproches podría desembocar no tanto en una autoafirmación reforzada, cuanto en un planteamiento crítico global sobre cómo las fuerzas y líderes políticos se han comportado en esta crisis política. Unos y otros, por otra parte, deberían considerar si no es momento de abandonar los discursos paralelos y simplistas, de caricaturización del contrario, y hacer explícita la complejidad del asunto: ni el independentismo es (principalmente) un movimiento oportunista y artificial de élites políticas, ni España es la “Ñ” cutre y antidemocrática que se vende allá para alimentar un independentismo en busca de un nuevo paraíso nacional. Mejor sería identificar, con ayuda de terceros, los vicios que en una parte y otra han incrementado el conflicto. Mejor sería, desde luego, encontrar posibilidades de mejora del Estado compartido, en el que unos y otros pudieran empeñarse con algún grado de complicidad, como en otro tiempo.

En esta misma línea, uno de los puntos a negociar podría ser el tratamiento informativo en los medios públicos españoles y catalanes. Es decir, una reflexión sobre los mecanismos que permitan una mayor visibilidad del pluralismo.

IV. El diálogo ha de ser inclusivo. Se conseguirá o no se conseguirá, pero las aproximaciones y los acuerdos a que pudiera llegarse habrían de contar con quienes no hayan protagonizado el diálogo. Desde la CUP hasta Vox. No se trata de pedirles permiso, sino de saber que existen y asumir su pleno derecho a defender posturas contrarias a las que lleguen a acordarse. Si al final sólo se consigue un buen entendimiento entre PSOE, UP y ERC, algo se habría ganado, pero sería muy frágil. En particular, si los acuerdos exigen consensos parlamentarios ulteriores, ello sería una condición de posibilidad. No debe partirse de la premisa de que todos los demás partidos van a torpedear infinitamente. En la medida en que haya transparencia, claridad y compromiso, se reducirá el ámbito de lo simbólico, en el que es más fácil atrincherarse. En el fondo, los acuerdos a que pudieran llegarse habrían de buscar el apoyo de sectores amplios de la ciudadanía. Con el optimismo de la voluntad, me atrevo a decir que no sería tarea imposible.

¿Por qué digo todo esto? No propiamente para favorecer la investidura. A algunos les importa mucho la investidura, y el tema “catalán” es simplemente una complicación aritmética. A mí me interesa más aprovechar el momento para salir del laberinto y, qué quieren que le haga, creo que un diálogo “de verdad”, consciente de sus limitaciones, pero atrevido en sus posibilidades, es el mejor procedimiento para mejorar España. ¿He dicho “mejorar España”? Sí, claro. Es que hay muchas formas de patriotismo.