Posibilidades para una reforma del sistema electoral.

Es verdad que la democracia es mucho más que el sufragio, pero el sufragio es su columna vertebral. Por eso es importante que la sociedad se sienta a gusto con su sistema electoral. Y por eso España tiene hoy día un problema, porque ya se ha extendido inevitablemente la impresión de que la actual ley electoral produce distorsiones muy importantes en la traducción de votos a escaños. Además, esas distorsiones acaban induciendo comportamientos preelectorales que no favorecen la diversidad y pluralidad de ofertas electorales, por cuanto la tendencia en términos de utilidad es la existencia de dos grandes listas.

 

El problema es que la actual Ley electoral tiene beneficiarios netos, que son el PP, el PSOE y, en menor medida, los partidos nacionalistas y regionalistas. El ejemplo paradigmático es que el  PP tiene mayoría absolutísima en el Senado con un porcentaje de voto que no llega a una tercera parte de los españoles, lo que significa, entre otras cosas, y de entrada, que si no quiere no hay posibilidad de reformar la Constitución en esta materia. Es decir, desde una mayoría de un 30%, puede bloquear un razonable (aunque hipotético) deseo político del 70% de los españoles. Y, de momento, sin coste electoral.

 

El régimen electoral está integrado por un marco determinado en la Constitución (arts. 68 a 70) y por una vieja Ley Orgánica que urdieron UCD y el PSOE. La modificación de estos artículos de la Constitución requeriría una propuesta aprobada por tres quintas partes del Congreso (es decir, 210 diputados, y por tanto inalcanzable en esta Legislatura si al menos PP o PSOE no la aceptan), pero también del Senado. También cabría una reforma con mayoría de 2/3 del Congreso (234 diputados) y mayoría absoluta del Senado: es claro que en cualquier hipótesis sería necesario el concurso del Partido Popular. En consecuencia, del Partido Popular depende la modificación de la provincia como circunscripción electoral (pasando a serlo la Comunidad Autónoma, el conjunto del territorio español, o distritos electorales inferiores a la provincia), así como el hecho de que a cada provincia le correspondan 4 senadores, ni más ni menos, y que no pueda haber menos de 300 o más de 400 diputados, y el hecho de que el número de escaños por provincia, sobre un mínimo igual para todos (que podría ser un sólo diputado, o más), se establezca en función de la población provincial.  Justamente es en estas determinaciones donde están las claves de las principales distorsiones de nuestro sistema electoral, que sin duda alguna prima de manera considerable el voto de los residentes de las provincias menos pobladas, cosa que hoy día ya sabe todo el mundo, y que en la actualidad supone un plus de representatividad para la primera y segunda fuerza política no de España, sino de cada provincia.

 

Fuera de estos aspectos, lo demás sí es revisable por una mayoría absoluta del Congreso (176 diputados), para la que bastaría con el concurso del PSOE, incluso sin los nacionalistas (pero no al revés).

 

En ese ámbito no constitucionalizado, hay aspectos que sin duda mejorarían la correlación entre votos y escaños, así como la pluralidad de ofertas electorales. Se trata de aspectos como desbloqueo de listas (que permita al votante alterar el orden de los candidatos de la única lista que elija, o vetar a alguno de ellos); listas abiertas (que permitiría, totalmente o al menos con un cupo de varios diputados, votar a candidatos de diferentes listas); incremento de la representatividad reduciendo el mínimo de escaños por provincias a 1, y ampliando el número de diputados hasta 400;  o incluso la previsión de un sistema mixto de listas y candidatos que no está expresamente prohibido por la Constitución (y que proponía C's en su programa electoral). Todas estas fórmulas presentan problemas, pero serían problemas nuevos, no cargados con la mochila de vicios del viejo sistema electoral que sin duda quiso fomentar el bipartidismo pero salvando a los partidos nacionalistas o regionalistas.

 

Creo que Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida podrían, mientras discuten acaloradamente de otras cosas (por ejemplo, de la investidura, donde no van a ponerse de acuerdo), empezar a hablar de esto y proponer, de la manera más eficaz posible, cambios en la legislación electoral que pudieran ser asumidos, al menos, por el PSOE o, en la mejor de las hipótesis, también por el PP. Es posible que fracasen; pero que no sea por falta de voluntad política, ahora que la voluntad de estos partidos ya puede ser una voluntad parlamentaria de más de cien diputados. Si sus propuestas son vetadas, iremos a las próximas elecciones generales con el mismo sistema. Pero los culpables estarán señalados en una materia que cada vez interesa a más gente.