La propuesta de Gallardón sobre el aborto

La propuesta-sonda de Gallardón sobre repenalización del aborto eugenésico quiere, supongo, provocar un debate, y no es fácil evitar entrar al trapo.

Antes de denostarla, a mí me gustaría precisar que me parece coherente: si se va a volver al sistema de "indicaciones" o supuestos (es decir, el aborto es delito, pero puede no serlo no en función de plazos, sino de supuestos), es porque se piensa que la vida del recién engendrado es un bien jurídico protegible por estar ya dotado de dignidad humana desde el primer momento. Si eso es así, me parece absolutamente coherente proteger la vida del recién engendrado con malformaciones genéticas que comporten la amenaza de deficiencias mentales, discapacidades físicas o enfermedades incurables que previsiblemente van a poner un plazo de caducidad a la vida de quien llegue a nacer: en efecto, igual que no dudamos nadie que la vida de un niño con síndrome de Dawn ha de tener exactamente la misma protección que la de un niño "sano", tendríamos que concluir que si la premisa de la penalización del aborto es defender la dignidad de la vida humana durante la fase del embarazo, ambas criaturas deberían tener la misma protección (penal) en la configuración del delito de aborto. Un aborto no es un homicidio, pero si el fundamento es el mismo (la vida), sería incoherente despenalizar la muerte del enfermo y penalizar la del sano.

El problema, por tanto, está en el punto de partida: ¿debe considerarse el aborto un delito desde el primer momento de la fecundación? Eso requiere una decisión política que en España dista todavía de encontrar consenso social. En mi opinión la ley de plazos parte de la siguiente premsia: supone, en realidad, que sea cual fuere la consideración moral, religiosa o científica sobre el momento en que puede hablarse de "persona", la comunidad social no reconoce todavía, como uno de los suyos, a quien, pese a haber sido engendrado y tener potencialidad genética y fisiológica para convertirse en persona, no ha superado un plazo durante el cual se atribuye a la madre el monopolio de la decisión. Si la madre no lo reconoce en un plazo determinado, la comunidad tampoco, y por tanto abortar en ese plazo no es delito. Transcurrido el plazo, el feto "ya es uno de los nuestros", y merece reconocimiento y protección social y jurídica: al fin y al cabo, planteamientos religiosos aparte, alguien es persona porque es reconocido como tal, y la sociedad tiene derecho a preferir la libertad de maternidad (con plazos) frente al derecho a ser persona de un conjunto de células que, abandonadas a sí mismas, y en interacción decisiva con el cuerpo de la madre, puede llegar a nacer.

El sistema de plazos es duro de aceptar, porque comporta la desprotección penal del inicio de la vida humana. Pero es coherente, porque se fundamenta en la concesión de un derecho. El sistema de indicaciones es duro desde otro punto de vista, pues puede obligar a la mujer a llevar adelante un embarazo no deseado: pero resultaría incoherente si protege sólo a fetos sanos y desprotege a los enfermos. De ahí que, si el Gobierno quiere suprimir la despenalización total en el plazo inicial del embarazo, hará bien en suprimir la indicación eugenésica.

La propuesta de Gallardón tiene, de todas formas, otro problema: si se permite el aborto en el caso de dificultades económicas de la madre, o en el de violación (otras dos indicaciones admitidas en la antigua ley), ¿no se está discriminando al (futurible) hijo de pobres frente al de ricos? ¿No se sanciona al ser nacido de una violación de la que ninguna culpa tuvo, frente al que nació del amor de sus progenitores?

El sistema de plazos escapa de esas disquisiciones (aquí sí puedo abortar, aquí no) y sitúa la cuestión en el tiempo (hasta este momento sí, luego ya no), evitando condenas penales difícilmente asumibles por la sociedad, así como el retorno a la práctica clandestina del aborto. Por eso me parece que, incluso desde una perspectiva antiabortista, el sistema de plazos es más respetuoso con la vida humana que el injusto y discriminatorio sistema de indicaciones o supuestos. El tiempo es una circunstancia objetiva, razonable e igualitaria. Los otros criterios de despenalización son radicalmente discriminitarios.