¿Quedan automáticamente suspendidos los diputados catalanes procesados, o es el Parlamento de Cataluña quien ha de decidirlo?

Al ganar firmeza el auto de procesamiento referido a los diputados catalanes imputados por rebelión, y encontrarse éstos en prisión provisional, el magistrado instructor ha comunicado al Parlamento de Cataluña que estos diputados quedan suspendidos en sus funciones de manera automática o “ipso iure” (es decir, no por decisión discrecional suya, sino por efecto de la ley). Se apoya para ello en lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con rango de Ley Orgánica, según el cual “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por medio de persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
Según esta interpretación del precepto, del juez instructor depende el procesamiento y depende la medida cautelar de prisión, pero no la suspensión: ésta es consecuencia inmediata de que se de el supuesto del artículo. El Parlamento de Cataluña sólo debería “tomar conocimiento” y constatar la situación de suspensión ya producida por efecto de la firmeza del auto de procesamiento.
De ser así, una decisión de un juez instructor (por tanto antes de la celebración del juicio oral) habría privado temporalmente a unas personas de la condición de diputados de que fueron investidos por sufragio en elecciones regulares. Se trataría de algo llamativo, puesto que quedaría alterada (aunque sea temporalmente) la composición de una Cámara como efecto de una decisión judicial. Ello es perfectamente posible cuando se dicta sentencia, poniendo fin a un procedimiento judicial, en el que se impone una pena de inhabilitación. Es menos claro que sea admisible como efecto de una medida cautelar o de una resolución que, por su naturaleza, aún no ha destruido la presunción de inocencia. Esto último, por cierto, está fuera de discusión: un auto de procesamiento no ha destruido aún dicha presunción de inocencia, por cuanto para ello es necesaria una sentencia dictada después de un juicio.
La tesis del magistrado instructor encuentra apoyo en una interpretación literal del precepto: en efecto, los implicados están ejerciendo una “función o cargo público”, están procesados por rebelión y se ha decretado respecto de ellos la prisión provisional, luego se produce la consecuencia jurídica de la suspensión. Existen sin embargo otras interpretaciones, entiendo que posibles y preferibles, que conducirían a sostener que la suspensión en el cargo de diputado no es automática, sino que depende de la Mesa del Parlamento.

Norma general, norma especial.

La primera razón es de orden técnico-jurídico: se trata del principio de preferencia de la ley especial sobre la ley general, según el cual, en caso de conflicto aparente entre dos normas que regulen un mismo supuesto de hecho y le atribuyan consecuencias jurídicas diferentes, será de aplicación la “ley especial”, es decir, aquella que regule “más de cerca” o con más concreción el supuesto.
En este caso el artículo 384 bis LECrim sería la “norma general”, puesto que va referida a toda función o cargo pública, mientras que los Reglamentos Parlamentarios (que, pese a su nombre, tienen rango de ley, y derivan de la atribución por la Constitución o por el Estatuto  al Parlamento de la competencia para regular el estatuto del diputado) sería la “norma especial” al ir referida a un tipo concreto de cargo público: el diputado. Dicho de otro modo, el artículo 384 bis LECrim sería aplicable respecto de cargos públicos diferentes de los diputados, por cuanto éstos tienen un estatuto jurídico especial, que ha de aplicarse preferentemente.
El art. 25.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña establece que “los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos (…), previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los diputados, en los siguientes casos: a) si es firme el auto de procesamiento o de apertura del juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados”. Son fáciles de advertir las diferencias entre este artículo y el 384 bis LECrim: la suspensión, según el Reglamento, no es automática, sino discrecional, y quien tiene la facultad de acordarla (o no) es el Pleno del Parlamento, y todo ello tras un dictamen de la Comisión del Estatuto de los diputados; además, en este precepto la posibilidad de suspensión no se limita a los supuestos de procesamiento por terrorismo o rebelión, sino que es predicable de cualquier auto de procesamiento, se haya o no acordado la prisión provisional. Con arreglo a este precepto, pues, una vez comunicado por el Instructor al Parlamento la firmeza del auto de procesamiento, la Comisión del estatuto de los diputados deberá emitir un dictamen motivado, y la cuestión deberá someterse al Pleno del Parlamento. En caso de ser aprobada la suspensión por mayoría absoluta, los procesados quedarán suspendidos en sus funciones; en caso contrario, no serán suspendidos. No aclara el Reglamento si en la votación sobre la suspensión pueden o no intervenir los diputados implicados, pero los principios generales determinarían que habrían de abstenerse, al tratarse de una cuestión relativa a su situación personal. Lo que plantearía un último problema: si la mayoría absoluta exigida lo sería o no respecto del total de diputados (incluidos los cinco cuya suspensión se vota). La competencia para resolver estas dudas corresponde a la Mesa del Parlamento, y no al Juez Instructor, sin perjuicio de un control judicial de las decisiones que adopten (de las que no conocería el Instructor, sino la jurisdicción contencioso-administrativa).

Autonomía parlamentaria.

Desde un plano menos técnico y más constitucional, cabe defender simplemente que la suspensión de un diputado es cuestión estrictamente parlamentaria, que forma parte de la autonomía del poder legislativo, y que por tanto sin una decisión de la Mesa (recurrible ante los tribunales) no cabe entender que un diputado electo queda suspendido de sus funciones y prerrogativas. En todo caso, la suspensión no provendría de un “mandato” del Juez instructor, por lo que la decisión del Parlamento de no tenerlos por suspendidos no podría dar lugar a un delito de desobediencia, sino, aún siguiendo la interpretación literal del artículo 384 bis LECrim, una vulneración de la ley que habría de ser corregida por los tribunales: no los de la jurisdicción, sino los de lo Contencioso-Administrativo.
Por cierto que la indiscutible dimensión constitucional de este problema aconsejaría forzar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional: ya sea sobre la decisión que adopte el Parlamento de Cataluña, ya sobre la constitucionalidad de la interpretación del artículo 384 bis LECrim de la que parte el magistrado instructor.