TTIP: otra vuelta de tuerca.

La modernidad construyó un espacio para el libre mercado mediante la desamortización de los bienes raíces, la supresión de señoríos, fueros y privilegios, la disolución de gremios y la unificación en cada Estado de las reglas básicas del derecho civil, derecho mercantil y derecho del trabajo. Dentro de ese espacio, acotado con reglas de orden público que expresaban un blindaje de determinados derechos o intereses, los particulares y, sobre todo, las empresas,  podían desplegar su libre iniciativa económica, bajo el presupuesto de que esa era la forma más eficiente de conseguir la prosperidad económica de todos. El proceso vino acompañado de un fortalecimiento de estructuras políticas (los Estados y la política) que al tiempo que cuidaban de la limpieza de las reglas de juego del mercado, aseguraban un marco de derechos de la ciudadanía y perseguía objetivos que el mercado no aseguraba, como por ejemplo la igualdad, la protección social, los derechos sociales, la dignidad de las condiciones de empleo, etc., que daban contenidos ciertos a la "soberanía" concebida como un pacto social entre ciudadanos. El siglo XX culminó este modelo, con la consolidación del llamado "Estado del bienestar", que no era sino una fórmula para introducir la variable de la "justicia", que sólo en Jauja y en Babia puede prescindir del poder coercitivo de los Estados.

 

Desde finales del siglo XX, y marcadamente en este siglo, el proceso se repite, pero en la esfera interestatal. Es lo que llamamos globalización. Se trata de "abrir  los mercados" en el escenario internacional, suprimiendo aranceles, fronteras, y diferencias de "regulación" en unas y otras áreas geográficas, para que los operadores económicos (es decir, las grandes corporaciones con enorme concentración de capital) jueguen con las mismas reglas en todas partes, para así estimular la competencia, y por tanto la eficiencia. Ello conduce a la supresión de los obstáculos que para la libre circulación de productos, servicios y capitales comporten las diferentes regulaciones estatales sobre relaciones laborales, impuestos, protección ambiental, de la salud y de los consumidores, etc.

 

¿Por qué contemplamos con tanta desconfianza estas iniciativas de "desregulación" (de los mercados internacionales), sin en el seno de cada Estado hemos comprobado la eficacia de un mercado libre como medio de incentivar la inversión y el acometimiento de iniciativas económicas generadoras de prosperidad general?

 

La respuesta puede ser tachada de simple, pero es una respuesta: porque en el proceso actual falta uno de los dos aspectos del proceso seguido dentro de cada Estado: precisamente, el Estado, es decir, un Derecho con normas rígidas de protección "expuestas" a la democracia, y por tanto sensibles a los conflictos de intereses entre unas y otras clases de ciudadanos (los capitalistas, los propietarios, los asalariados, los excluidos del mercado, los enfermos, los viejos, etc.). El derecho universal de voto para la elección de quienes podían "imponer reglas" al mercado, y el Derecho constitucional que garantizaba derechos que dejaban de ser "variable de ajuste" y se constituían en premisas a respetar en todo caso, necesitan también un espacio bien delimitado que no puede ser diferente del espacio del mercado. Si la regulación del mercado se despega de las estructuras de la política (es decir, de los consensos constitucionales y de la democracia), los derechos vuelven a ser variable de ajuste, y quedarán convertidos en "subsidiarios" y "contingentes": es decir, valdrán en la medida en que el mercado lo permita.

 

El TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión), sobre el que seguimos sin reflexionar lo suficiente, atornilla esta tendencia. Es un desanclaje más de la soberanía, y por tanto de la democracia. Se trata de una exigencia de las grandes corporaciones, que quieren sortear los límites que, para su margen de beneficio, comportan las normas "reguladoras" que, como tales, persiguen objetivos costosos: la salud de todos, el bienestar de todos, la dignidad de todos. El Estado del bienestar supone costes y límites, y su involución se está produciendo a través de la globalización, en la que tienen un interés directo quienes aspiran a vender más y producir más barato, "a toda costa".

 

La supresión de barreras al mercado internacional es un buen fin en sí mismo. Pero mientras no pueda venir acompañado de un Derecho con la misma consistencia y "rigidez" de los derechos nacionales, blindados constitucionalmente y sujetos a la democracia, la desregulación es una pérdida de consistencia de los derechos políticos y sociales (que no son la resultante de transacciones mercantiles) y de nuestros modos de vida. Cuanto más desregulados estén los mercados internacionales, menos posible será defender un salario mínimo, el derecho a las vacaciones remuneradas, una normativa sobre residuos, el principio de precaución en prevención de crisis sanitarias y alimentarias, etc.

 

Si, además, los Estados que pretendan defender determinados derechos o intereses habrán de someterse, en caso de conflicto con una gran corporación, a un tribunal de arbitraje privado (como está previsto), el agujero abierto en el suelo de la soberanía política será cualitativamente definitivo.

 

Esa es la razón por la que la desregulación del mercado internacional produce rechazo, temores y recelo. Porque como hemos dejado de creer en la posibilidad de estructuras políticas internacionales con contenido constitucional y democrático, la supresión de las alambradas políticas de cada Estado nos deja en la intemperie y sin energía política para defender derechos que el mercado no puede asegurar, sin que nos sirva de consuelo una vaga fe en la prosperidad a largo plazo como consecuencia directa de la libre competencia entre los que han acumulado capital.