Las noticias sobre lo que está sucediendo en Venezuela estos días son alarmantes. Informan de que el Tribunal Supremo ha decidido suspender a la Asamblea Nacional (es decir, el Parlamento) y autoatribuirse las funciones del poder legislativo, lo que supone, sin más, una aniquilación de la separación de poderes acordada por uno de esos poderes. Lo que es sorprendentemente difícil de encontrar en esas noticias es cuál es la razón por la que el Tribunal ha tomado esa decisión, ni sobre qué dice la Constitución venezolana. Y lo que no entiendo de ninguna manera es por qué a esto se le llama un "autogolpe". Yo creía que un autogolpe era provocar una rebelión militar contra sí mismo para así tener justificación para reaccionar suspendiendo la democracia. Como hizo Erdogán. Más bien parece que en Venezuela lo que ha ocurrido ha sido algo que ha definido perfectamente la Fiscal General de la República: una "ruptura del hilo constitucional". Hasta ahora, sin intervención del Ejército. Una ruptura del hilo constitucional que provoca un resultado inadmisible, como es dejar a un país sin Parlamento.
No me fue fácil encontrar en Google la razón de esa suspensión, de la que no informa ninguno de los periódicos que estos días se ocupan del tema. Me pareció importante saber cuál era la razón de una sentencia tan espectacular del Tribunal Supremo. Es legítimo asumir sin más las tesis de la oposición y partir de la base de que el Tribunal es boca de Maduro porque los magistrados que lo integran (que son elegidos, sin embargo, por el Parlamento de entre una preselección de candidatos efectuada por otro órgano constitucional de nombre extraño), pero no es tan legítimo simplificar tanto la cuestión de cara a la opinión pública.
El conflicto se originó como consecuencia de una denuncia relativa a la compra de votos en un distrito electoral (creo que es Amazonia) en las últimas elecciones generales, lo que provocó, como medida cautelar acordada por la Sección Electoral del Tribunal Supremo venezolano, esta sí, perfectamente constitucional, la decisión de suspender la toma de posesión de los cuatro diputados electos de dicho distrito. Tres eran de la oposición, y uno era "oficialista", es decir, del partido de Maduro (que, sinceramente, no sé cómo se llama). La cuestión era importante, porque con esos dos de diferencia la oposición lograba una mayoría de 2/3 en la cámara, lo que le permite aprobar leyes que exigen mayoría cualificada. No parece difícil imaginar que este dato pudo influir en la decisión, y que hubiesen existido presiones sobre el Tribunal para que por ese procedimiento "legal" se obtuviera como resultado una corrección, de hecho, del resultado electoral tan perjudicial para el régimen.
El Parlamento desoyó al tribunal. Desobedeció abiertamente, rompiendo en público su presidente el oficio remitido por el Tribunal. Las razones de esa desobediencia eran sustanciales: se trataba de resistir a una maniobra de Maduro para la que empleó el máximo argumento de autoridad: el Tribunal Supremo. Lo cierto es que esa decisión del Tribunal fue tan válida desde el punto de vista constitucional como lo habría sido la contraria (permitir la toma de posesión), y por tanto, sería vinculante para dichos diputados y también para el Parlamento mismo, por lo que la Asamblea Nacional hizo algo parecido a no reconocer la (última) autoridad de un órgano constitucional, como es el Tribunal Supremo, invocando como argumento la parcialidad y servilismo a Maduro de este Tribunal. ¿Les suena eso de no reconocer la autoridad de un Tribunal por estar al servicio del régimen? ¿Puede desobedecerse a un Tribunal Supremo, o Constitucional, por estar seguros de que no es un órgano imparcial?
La inicial reacción del tribunal a la desobediencia de la Asamblea no fue iniciar un procedimiento penal contra los desobedientes, sino declarar la nulidad de las leyes aprobadas por un Parlamento en la que intervenían y votaban cuatro diputados cuyo nombramiento y toma de posesión eran nulos por decisión (provisional) del Tribunal. Algo que sin duda tiene un beneficiario directo, que es el régimen, quien con ese subterfugio legal (pero legal) consigue quitarse el "estorbo" de una mayoría parlamentaria contraria. Y esa situación perdura desde hace más de un año.
Como el Parlamento, no obstante, continúa aprobando leyes, el tribunal da ahora un paso más y, sin competencia constitucional para ello (no he encontrado ninguna alusión a la posibilidad de suspensión del Parlamento por parte del Tribunal Supremo) suspende las funciones del Parlamento y se autoatribuye el poder legislativo.
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La búsqueda de esta información me ha llevado unos tres cuartos de hora recorriendo algunas páginas de Google. Con esto quiero decir dos cosas: por un lado, que no es demasiado complicada de obtener, por lo que no entiendo bien por qué no la he encontrado en la prensa española, pese a su importancia. Cualquier lector apresurado recibe el mensaje de que el Tribunal, a las órdenes de Maduro, ha suspendido "porque sí" al Parlamento. Por otro lado, también estoy diciendo que al ser una búsqueda de información tan azarosa como la que suministra Google, es posible que se me escape algún aspecto importante.
La base del conflicto está en una inequívoca desobediencia del Parlamento a una orden válida del Tribunal, cuya Sección Electoral tiene competencia para anular total o parcialmente unas elecciones (y por tanto, supongo, para suspender la toma de posesión de diputados cuando se esté enjuiciando la nulidad de las elecciones en un distrito). La desobediencia se justifica en la existencia de una maquinación desde el "madurismo" con la complicidad del Tribunal Supremo. Algo parecido a lo que invocan algunos independentistas catalanes para desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo que resulta más sospechoso y reprochable, en mi opinión, es que el Tribunal Supremo venezolano no haya resuelto aún en más de un año sobre la validez o nulidad de las elecciones en ese distrito: la prolongación de esa situación beneficia a Maduro, porque impide que la oposición pueda aprobar leyes orgánicas. Si acordase su validez, asunto resuelto; si acordase la nulidad, entonces habrían de repetirse las elecciones en ese distrito, y es de sospechar que el resultado fuera el mismo, y por tanto contrario a Maduro. En segundo lugar, sorprende enormemente la medida en sí: suspensión de la cámara legislativa. Insisto en que no he encontrado en la Constitución esa competencia como atribuida al Tribunal Supremo. Y debe hacerse notar que sin duda habría sido un "mal menor democrático" que el Tribunal Supremo disolviera el Parlamento y convocase nuevas elecciones, pero eso también lo impide con la suspensión, que priva de poder (¿hasta cuándo?) a las fuerzas de oposición a Maduro. En definitiva, todo parece indicar que Maduro lo que está procurando es defenderse de una mayoría (amplia) democrática que más que probablemente quedaría inequívocamente expresada en unas nuevas elecciones.
Parece tratarse, con los datos de que dispongo (escasos, pero desde luego no suministrados por nuestra prensa), en primer lugar de una flagrante desobediencia del Parlamento a un Tribunal por el solo argumento de su parcialidad (en esto, insisto, no es fácil dar la razón a la oposición venezolana sin quedarnos sin argumentos frente al proyecto de "desconexión" de España del Parlamento de Cataluña y sus desobediencias al Tribunal Constitucional, al que consideran parcial), y de una reacción del Tribunal radicalmente antidemocrática sin (creo) apoyo constitucional.
Si es así, están en la fase de conflicto sin solución. O sin más solución que el binomio rebelión/represión, al margen ya absolutamente de todo procedimiento constitucional. Un Estado roto. A menos que desde instituciones internacionales se ofrezcan para reconducir esta situación de hecho a un proceso que no podría concluir de otro modo que no fuese unas elecciones generales, controladas por observadores imparciales.
P.S.- Lean el comentario a este artículo de "Solitarius". En él completa la escasa información de mis tres cuartos de hora en Google.
1.- No sé por qué te ha costado tanto trabajo encontrar los antecedentes de la noticia. En El País quedaban bastante claros, sobre todo para los que venimos siguiendo la información sobre la situación de Venezuela. No recuerdo lo que decía exactamente la edición en papel, pero en la electrónica se dice expresamente que “Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han incorporado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la AN cuya investidura había sido impugnada”, e incluye enlaces a noticias anteriores sobre la nulidad de la toma de posesión de los tres diputados (el oficialista acató la suspensión) y el “desacato” en que el TS había declarado a la Asamblea, con la consiguiente declaración de nulidad ex ante de sus actos legislativos. No es justa, pues, la insinuación de que toda la prensa española oculta parte de la información relevante.
2.- La legitimidad del TS está cuestionada por la oposición desde que 13 de sus 27 miembros (y 21 suplentes) fueron designados por la anterior Asamblea a fines de diciembre de 2015, cuando ya se conocían los resultados de la elecciones del día 6 anterior, ganadas por la oposición. La situación fue tan chusca como que uno de estos “jueces de medianoche” (por emplear una expresión histórica de EE.UU., en todas partes cuecen habas) pasó directamente de un escaño del partido gubernamental (se llama Partido Socialista Unificado de Venezuela, por cierto) a la Sala Electoral del TS…después de votarse a sí mismo. Todo el proceso de selección duró unos pocos días.
3.- Mi experiencia en América Latina me dice que la independencia e imparcialidad del poder judicial en general, y de los TS en particular, no se entiende exactamente como en Europa, por lo que aplicar los mismos cánones de respeto a sus resoluciones como resoluciones fundadas en Derecho y nada más resulta, en el mejor de los casos, ingenuo. No sé si recuerdas que la Corte Suprema de Nicaragua declaró inconstitucional la norma que impedía al presidente Daniel Ortega presentarse a la reelección porque vulneraba sus derechos fundamentales…pese a que la norma antirreeleccionista está en la propia Constitución.
4.- En el caso de Venezuela llama cuando menos la atención: a) que aunque fueron 8 los “curules” impugnados por las mismas o similares razones, el TS solo suspendió la proclamación de los candidatos del Estado Amazonas, justamente los necesarios para que la oposición no obtuviera los 2/3 de la Asamblea; b) que desde la suspensión, en diciembre de 2015, como tú bien señalas, el proceso electoral no ha avanzado ni mucho ni poco y no se ha acordado ni la validez ni la repetición de las elecciones; c) que tan pronto un órgano tan chavista (y tan poco competente en la materia) como el Consejo de Defensa de la Nación le pidió que diera marcha atrás, el Tribunal Supremo dejó raudamente sin efecto la mayor parte de sus sentencias 155 y 156, mediante una simple “aclaratoria”. Vaya, se ve que no se lo habían pensado bien o no se habían expresado con precisión.
5.- Nada de lo dicho hasta ahora supone que comparta la actuación en general de la oposición, dominada por un círculo de oligarcas radicales que parecen buscar solo el enfrentamiento institucional y social, con algunas iniciativas tan disparatadas como las sentencias del TS, por ejemplo, la de declarar al Presidente Maduro en “abandono del cargo” o, en el plano puramente simbólico, la de retirar de la Asamblea Nacional los retratos de Hugo Chávez, que fue presidente legítimo de la República.
6.- Por cierto “autogolpe de Estado” es una expresión consagrada para describir la situación que se produce cuando un mandatario legítimo se hace con todo el poder por medios inconstitucionales y convierte su gobierno en una dictadura. El caso de Fujimori en Perú es el ejemplo más claro y reciente, pero hay otros en la historia, como Jaruzelski en Polonia o Bordaberry en Uruguay. Que lo de Venezuela fuera un autogolpe es técnicamente discutible, salvo que asumas, como hace la oposición, que el TS actuó al dictado de Maduro. En todo caso, habría que hablar de “autogolpe institucional”, como lo fue, según la comunidad internacional, la destitución del Presidente Lugo por el parlamento paraguayo.
Gracias, José Manuel. ¿Ves? Con tres cuartos de hora de Google no puede obtenerse una información completa. Pero te aseguro que busqué. Te aseguro también que en los dos artículos de El País digital, y en los de otros periódicos, simplemente percibí que había un enfrentamiento entre Asamblea y Tribunal, pero no el origen de este. Lo miré bien, y por eso busqué. El dato de la impugnación de las elecciones lo encontré en un periódico de “allá”. Cabe, desde luego, la posibilidad de que se me pasara, pero la verdad es que lo dudo: por eso pienso que también es posible que yo leyera el artículo en un momento diferente al que lo leíste tú (antes o después), y que hubiera sido modificado (añadiendo o quitando). Sinceramente creo que fue lo que pasó, porque me llamó mucho la atención ese silencio. Lo que no sabía es lo de los trece magistrados “de media noche”. De todas formas, la decisión misma del Tribunal suspendiendo la Asamblea, contra todo el marco competencial constitucional, y en insólita derogación de la división de poderes, es tan grave o más que todo lo anterior, y no dudé en subrayarlo, por lo que la conclusión a la que llegué, que queda expresamente expuesta en el artículo, es que tanto el régimen como la oposición (que en el Parlamento no es oposición, sino mayoría) han optado por las vías de hecho, ya se llame por un lado autogolpe (el término sólo lo leí con anterioridad referido a Erdogán como simulación de un golpe contra sí mismo para justificar medidas de excepción constitucional) y por otro rebelión, y que no tiene solución. Va derechita al enfrentamiento y sólo unas elecciones (presidenciales y legislativas) con control internacional puede solucionarlo. El régimen quiere conservar el poder más allá del juego democrático, y la oposición y sus alianzas extranjeras tiene obviamente un plan de desestabilización. Acción y reacción, y una Constitución de por medio que ya está hecha trizas, por lo que yo tampoco creo que pueda esgrimirse para reconducir la situación. Haré una llamada en el artículo a tu comentario para que el lector casual encuentre más información. Un abrazo, y otra vez gracias.
Me gustaría ver la cosa tan sencilla como tú, Miguel. Sin duda, unas elecciones democráticas y transparentes, fiscalizadas internacionalmente, serían una solución a la crisis institucional, pero no me parece que una salida como esa esté hoy por hoy sobre la mesa. Veamos:
1.- Venezuela es una república presidencialista, de modo que el hecho de que la oposición ganara unas elecciones legislativas es en principio indiferente para el mandato presidencial, que dura hasta 2019. Ni la Asamblea, elegida en diciembre de 2015, aceptaría su autodisolución ni Maduro, que ganó las elecciones en 2013, someterse a una nueva elección sin causa constitucional para ello (que esas elecciones fueran impugnadas infructuosamente por la oposición es asunto aparte, pero no parece que la impugnación tuviera fundamentos claros). Este es el problema de las repúblicas presidencialistas: el riesgo de lo que Podemos llama cínicamente “choque de legitimidades”. En Francia funcionó la “cohabitación” en tiempos del presidente Mitterand y Chirac; pero, claro, c’est la France.
2.- En realidad, el mecanismo que la constitución bolivariana prevé para situaciones como estas es el referéndum revocatorio, que Podemos propone importar a España. Con independencia de que esa institución me parezca un disparate, por muchas razones que no son del caso, esa ha sido la vía escogida por la oposición, pero el Consejo Nacional Electoral (que en Venezuela, como en buena parte de América Latina, se considera un poder aparte y está dominado por el chavismo) lo ha retrasado y boicoteado por diversos expedientes, a cuál más peregrino, el último y definitivo la apertura de diligencias penales por supuesta falsificación de firmas en la primera etapa: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/21/america/1477009244_653394.html En todo caso, a estas alturas del mandato presidencial, el referéndum no sería una solución al impasse, porque ya no conduciría a nuevas elecciones presidenciales, sino a la asunción de funciones por el vicepresidente hasta el final del mandato previsto, según prescribe la Constitución (art. 233).
3.- De la disposición del chavismo a someterse a elecciones da idea que las de gobernadores de los Estados (para acabar de complicarlo, Venezuela es una república federal) deberían haberse celebrado a finales de 2016 y desde entonces están paralizadas sine die por el CNE, primero con el pretexto de la “guerra económica” y ahora por la extraña exigencia legal de que los partidos (salvo el PSUV) renueven sus listas de militantes y las presenten al propio CNE para su homologación. Enlace local: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/cne-garantiza-realizacion-elecciones-regionales-ano-2017_640432
En fin veo la cosa color de hormiga y no creo que ni la comisión mediadora internacional, con personajes de la talla de estadista de Zapatero, que para colmo parece simpatizar con Maduro, ni la OEA, cuyo secretario general parece el portavoz de la oposición (enlace oficial: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/17 ) sirvan para acercar posiciones. Te soy crudamente sincero: si la situación sigue empeorando, la crisis económica se acentúa y la confrontación lleva a enfrentamientos sangrientos en la calle (hoy mismo hay convocadas dos manifestaciones opuestas en el mismo lugar y a la misma hora), el mal menor, y Dios me perdone (como diría Carrillo) por decirlo, será un pronunciamiento militar que corte el actual nudo gordiano y convoque esas elecciones simultáneas. El problema es que cuando los militares toman el poder civil en América Latina suelen encariñarse con él, por no hablar de que el enfrentamiento puede extenderse a las propias Fuerzas Armadas.
Tengo un amigo que me llama Don Pésimo, él sabrá por qué.
Pero JM, imagino que si hay algo puramente chavista en Venezuela será el Ejército, con lo que su pronunciamiento no sería más que conseguir a las bravas lo que Maduro no puede conseguir con subterfugios. De ahí que yo también sea pesimista. Y si la oposición no acepta elecciones legislativas sin presidenciales, así como si Maduro se empeña en seguir hasta 2019, entonces me temo que sólo cabría prolongar esta situación de conflicto hasta que “toquen” las nuevas elecciones, o fomentar en el ánimo de los “mediadores” (sea cual fuere su talla) la intención de hacer algo útil. En ese escenario, sería bueno que los venezolanos recibieran una información leal (no contaminada por el poder mediático del régimen) y que nosotros, aquende los mares, recibiéramos también una información leal que no nos haga creer que la oposición son las hermanitas de la Caridad.
Querido Miguel:
1.- Me sorprende que solo tu y yo estemos participando de este hilo sobre asunto tan polémico. Pensaba que me iban a llover críticas.
2.- No estoy tan seguro de que el Ejército venezolano sea un bloque chavista tan monolítico como aparente, y menos que, aun de serlo, vayan a mantener el respaldo de las FF.AA.BB. a Maduro, si piensan que este puede llevar a un caos en el que puedan perecer los logros del chavismo y sus propios privilegios corporativos. Como dijo Talleyrand, uno puede hacer cualquier cosa con las bayonetas, salvo sentarse sobre ellas.
3.- Es más, sospecho (y se me olvidó incluirlo en el comentario anterior) que algunos sectores de la oposición buscan el “cuanto peor, mejor” del enfrentamiento con la irresponsable expectativa de provocar esa intervención militar.
4.- Habrás visto que yo tampoco pienso que la oposición (que tampoco es un todo homogéneo: no es lo mismo Henrique Capriles que M.ª Corina Machado, ni ambos que Leopoldo López, por no hablar de los partidos tradicionales, entre ellos el MAS, de impecables credenciales de izquierda) sean un coro de angelitos; pero de momento son ellos los que ponen los presos y algunos muertos (aunque la justicia bolivariana condene a aquellos como culpables de estos).